La jornada política de ayer reflejó, como tantas otras, la enorme distancia que hay entre el discurso del unionismo españolista y la realidad social de Euskal Herria. No hubo ninguna «celebración» ciudadana del 30º aniversario del Estatuto de Gernika en los pueblos y ciudades de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Y entre los setecientos invitados que acudieron a la sede de Lehendakaritza no hubo más representantes políticos que los que militan en el PSOE y en el PP -a los que se sumó su apéndice, UPyD-; el resto sólo se representan a sí mismos: cargos institucionales nombrados a dedo -como el delegado del Gobierno español-, figuras que nos retrotraen directamente al franquismo -como las de los mandos de la Guardia Civil y el Ejército, con mostachos incluidos-, directivos de grandes empresas -como el de Petronor, Josu Jon Imaz- y deportistas, artistas o periodistas cuya presencia pierde relevancia cuando acuden a recoger un galardón. Constatar que el Estatuto concitó ayer tan poco entusiasmo en la ciudadanía vasca como el que logró la Fiesta Nacional de España el 12 de octubre es una evidencia tan incontestable que no se entiende que el Gobierno de Patxi López se empeñara tanto en negar la realidad utilizando para ello, sin ningún rubor, EiTB como un órgano de propaganda partidista.

Los hechos son los hechos, les gusten o no al tándem PSOE-PP. Y sus mensajes navegan entre la irrealidad y la obviedad: «El Estatuto nos une», «es un pacto entre vascos diferentes que deciden vivir juntos», «es el instrumento para unir demócratas en defensa de las libertades y en la deslegitimación del terrorismo de ETA»... Nada de eso es cierto: la división política fue ayer más notoria aún que en los últimos años; que las vascas y vascos vivimos juntos en nuestra diferencia no es más que una obviedad; y ni siquiera el rechazo a ETA une en torno a ese texto caduco. Y afirmar que es «el instrumento que garantiza nuestro derecho a decidir» es, llanamente, un ejercicio mayúsculo de hipocresía.

Obviedad por obviedad, hay que coincidir con el lehendakari en que «no hay textos sagrados intocables». Ni marcos jurídicos inmutables, le faltó añadir.