Wallmapu es el nombre con el que se conoce al territorio mapuche, que está ocupado por Argentina y Chile. En 1881, el Estado chileno trató de reducir y aplastar a los habitantes de Gulumapu -la parte del territorio mapuche bajo dominio de Chile- despojándolos del 95% de sus tierras, y convirtiéndolos así en un pueblo campesino, pobre y discriminado.

Sin embargo, los mapuche plantaron cara a la fuerza estatal e iniciaron una larga lucha por la recuperación de los territorios ancestrales, sus recursos naturales y el derecho de autodeterminación. Unas demandas que La Moneda se negó -y se niega- a aceptar, y a las que siempre ha respondido de una única manera: la represión.

En los últimos meses, el conflicto se ha recrudecido considerablemente: el pasado 23 de julio, una amplia delegación del pueblo mapuche se trasladó hasta Santiago de Chile con un objetivo: hacer llegar personalmente sus demandas a la presidenta Michelle Bachelet, que se negó a recibirlos. Entonces, estos indígenas entregaron una carta en la que anunciaban el inicio, al día siguiente, de las movilizaciones para recuperar espacios territoriales históricamente demandados como propios ante los intereses privados de empresas forestales y demás particulares.

La reacción del Gobierno de Michelle Bachelet fue clara y contundente, y se tradujo en la militarización de la zona mediante un gran aumento de la presencia policial.

Esta decisión gubernamental acarreó un aumento de las denuncias de abusos policiales: apenas unos días más tarde -el 27 de julio- las comunidades movilizadas presentaron una denuncia ante la Corte de Apelaciones de Temuco en contra de la Prefectura de Carabineros de Malleco, por la responsabilidad institucional que tienen en la violación de diversas garantías constitucionales, entre las que se encuentra el derecho a la vida.

Uno de los sucesos más graves acaeció el pasado 12 de agosto cuando un grupo de carabineros disparó por la espalda al comunero Jaime Mendoza Collio (de 24 años), mientras participaba en un acto de ocupación de tierras, provocándole la muerte. Multitud de comunidades y organizaciones pro derechos humanos mostraron su preocupación por lo sucedido, así como por la versión oficial difundida, que contradecía claramente lo que apuntaron los testigos.

El cabo de los Carabineros, Miguel Jara Muñoz, defendió que antes «me dispararon tres o cuatro veces, eso es actuar en legítima defensa». Sin embargo, un testigo presencial -que declaró en el contexto de la investigación que se inició al respecto- relató que los policías tuvieron a Mendoza «pateado en el suelo. Lo tuvieron esposado boca abajo y dejaron que se muriera».

Esta última versión coincidiría con la autopsia, cuyos resultados concluyeron que el joven comunero fue disparado por la espalda y que el impacto de bala que presentaba el chaleco antibalas del cabo Jara fue realizado con posterioridad.

Dispararon contra niños

Sin embargo, este triste suceso no fue el único. El pasado 2 de octubre- dos niños de 8 y 10 años fueron heridos por los perdigones que dispararon los Carabineros en la comunidad de Temucuicui -que registra actuaciones policiales casi a diario-, según denunció la organización Jóvenes Mapuche. Según el último Examen Periódico Universal a Chile en la ONU, 20 estados manifestaron su preocupación por la situación de violencia policial que afecta a las comunidades mapuche, particularmente sobre mujeres y niños.

Además, cabe destacar la aplicación de una legislación especial que emplea el Ejecutivo del país andino contra los indígenas mapuche. A día de hoy, según datos de la Comisión Ética contra la Tortura, un centenar de ciudadanos mapuche está en prisión por motivos políticos. A 34 de ellos se les aplicó la polémica «Ley Antiterrorista» que La Moneda se resiste a abolir, pese a las continuas recomendaciones.

Ante la pasividad oficial, el 20 de octubre, los mapuche de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) -el grupo más activo- rompió «todo diálogo con la República de Chile, declarándole la guerra al Estado chileno».

La declaración de los mapuche llegó tras varios días de manifestaciones y enfrentamientos debido al conflicto, en los que, según la CAM, falleció un comunero y varios más fueron detenidos por la policía.

Esta situación podría extenderse a Argentina, donde algunas comunidades mapuche expresaron su respaldo a dicha decisión.