Por lo que dicen, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. También se asegura que «en una guerra, la verdad es la primera víctima». En esta guerra pequeña la verdad puede ser una gran víctima.

Por lo que dicen, los medios de comunicación son el crisol del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, se olvidan de otro derecho, que corresponde esta vez a la sociedad: el acceso a una información veraz. No quedan demasiadas fuentes en las que beber un trago de información contrastada y fiel a la realidad. El código deontológico de los periodistas se diluye entre los ceros de sus nóminas por los servicios prestados. También los jueces se aprestan a aportar el disparate en esta juerga de la realidad trucada. El antiguo principio de que su juicio debía ser taxativo, estricto se sustituye por el gusto desmedido por la exageración, por sus exaltadas conclusiones. Los políticos, por último, encantados. Su cansino trabajo de tener que interpretar la realidad, para después adoptar las medidas adecuadas en términos políticos ha sido delegado en jueces y periodistas, que les hacen gustosos los deberes. Aquellos no han tenido que comprar la antigua crítica periodística, sobornar la decisión justa de los tribunales: estos se han regalado. Los políticos no deben ya sudar la camiseta en ruedas de prensa incómodas o desde el banquillo de la acusación particular, debido al arrojo de sus sustitutos.

Por lo que dicen los flamantes representantes institucionales se va imponiendo así, una situación que no se tiene empacho en calificar de «normalizada». Se normaliza a golpe de detenciones de políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, abogados... que son críticos y díscolos con el poder. Normalidad a patadas, para imponer su verdad, la única, la infalible.

Por lo que dicen los medios, Joseba Agudo ha sido detenido por ser «abogado de etarras». Han especulado sobre relaciones que tendría con ETA o sobre presuntas consignas que trasladaba a refugiados, pero cuando no da para más, la acusación de ser letrado de quien tiene derecho a designarlo es suficiente para entrar en su despacho, buscarlo y detenerlo. Los medios de comunicación, ansiosos, se adelantan a la fiesta. Al menos Joseba ha evitado la «instrucción de sumario» con los métodos de la Guardia Civil. En los periódicos se lee además que había convocado un acto en enero de 2007 en el Velódromo de Anoeta para avanzar en un proceso que tendría que «permitir a Euskal Herria conquistar su libertad». ¡Que osadía! ¡Por fin, la evidencia que faltaba!

Por lo que dicen, el también letrado Iñaki Goioaga participaba en fabulosos planes de fugas. Algunas fuentes sugerían que esta detención era una cortina de humo que pretendía tapar un escándalo derivado de otro operativo que la Guardia Civil habría puesto en marcha en territorio francés sin consentimiento de las autoridades de este país. Una actuación incontrolada, en definitiva, por elementos policiales en territorio francés... ¿nos recuerda a algo? Ane Kayanakis, la fiscal del caso Anza, tiene qué investigar.

Por lo que dicen ahora recientes decisiones de los tribunales, una serie de políticos vascos de reconocido prestigio estaban intentando conseguir «treguas encubiertas» y trabajaban para llevar a cabo «aproximaciones con formaciones o agentes políticos y sociales soberanistas o independentistas». Eso sí que no: ¡a la cárcel con ellos! Para apoyar esta idea en el auto se enumeran actividades, entre ellas apariciones ante la prensa, como una celebrada en Bilbo: «es el momento de construir un muro popular que transforme esta situación de imposición, autoritarismo, represión, en más democracia y más justicia, y donde sean respetados todos los derechos civiles y políticos». ¡Pecado mortal! En la otra decisión, el Tribunal Supremo ratifica varios años de prisión contra miembros de Gestoras Pro Amnistía-Askatasuna. En la sentencia se lee que Juan Mari Olano se había «venido refiriendo a las personas vinculadas al terrorismo de ETA, como represaliados políticos». Por su parte Maite Díaz de Heredia sostuvo que «la tortura es un medio de obtención de pruebas y de dictar sentencias», coincidiendo con Aratz Estomba, que había afirmado que «las torturas son una herramienta garantizada por la Audiencia Nacional». Julen Larrinaga había denunciado públicamente el «Aparheit -sic- a los presos políticos vascos» y Jorge TxoKarro expuso haber participado en la campaña Alde Hemendik porque «no se os quiere, ni se os necesita». ¡Anatema! Eso lleva al alto tribunal a concluir que «no se quedaban en un mero compartir ideas, principios y objetivos, sino que trascendían realmente a la acción». Cierto, la terrible acción de hablar y la de organizar eventos -manifestaciones, charlas, conferencias de prensa...- en los que se pueda amplificar ese mensaje. Lo que hace cualquier asociación, vamos.

Por lo que dicen los jueces que optan al premio Nobel de literatura fantástica, esto supone un «sometimiento funcional» de esas organizaciones a ETA. Los jóvenes ahora juzgados en otro procedimiento tienen que explicarse ante la Audiencia Nacional: «las armas de Segi son las reuniones y la comunicación». Libertad de asociación y expresión: terreno maldito. 18/98 in memoriam.

Por lo que dicen ciertos organismos internacionales, desde un punto de vista radicalmente opuesto, la situación de represión que sufren todos los anteriormente citados se debe única y exclusivamente a su posición política. Martin Scheinin, Brian Currin, AED, el CDH de la ONU, o más recientemente el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de ese organismo, avalan la idea de que la libertad de opinión y expresión en el Estado español ha saltado por los aires y que su onda expansiva lleva a prisión a decenas de activistas políticos y sociales. Ese último mecanismo se refiere al caso concreto de Karmelo Landa: no debería de pasar ni un minuto más en prisión, por ser su detención arbitraria. Justifican esta interpretación en el método de detención -incomunicada-, su ingreso en prisión preventiva -durante año y medio sin que se celebre juicio- y por los motivos en que se sustenta la detención -expresar su opinión-. Un ejemplo entre docenas.

Por lo que dice el PSOE, no se enteran, ni tan siquiera Odón Elorza, que encima es de casa. Para los medios de comunicación, incluso la asociación española que presentó la denuncia en nombre del dirigente abertzale, la AEDIDH, tiene conexiones con otras «asociaciones vinculadas al mundo de ETA y Batasuna». Es el entorno del entorno. Ni una palabra de los motivos del Grupo de Trabajo para reclamar la libertad de Landa.

Por lo que dicen, ni jueces ni periodistas están sometidos a un código deontológico que nos proteja de su invectiva -y su malicia- cuando se expresan. Los primeros porque son independientes y, como Dios, omnipotentes. Los segundos, porque su libertad de expresión se impone sobre la de todos los demás, que a los pies de sus potentes caballos, no tienen ningún acceso a ella.

Se expresan libremente y son recompensados por ello. Aquellos otros están en prisión. Única y exclusivamente, por lo que dicen.