La actualidad ha encarado dos noticias que dejan al descubierto el vaciado moral al que se nos somete a través de las políticas de inmigración.

Dos hechos ponen en evidencia el diferente baremo que se aplica a ciudadanos que por avatares diversos -y que por descontado nada tienen que ver ni con el modelo económico imperante ni tampoco con el muy presente pasado colonial-, han venido a recalar al Hexágono.

La Justicia francesa ha declinado investigar a tres presuntos ladrones. Por supuesto, el hecho de que el recientemente fallecido jefe de Estado gabonés Omar Bongo y sus colegas de Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso y de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, hayan practicado su prolongado expolio en tres estados petroleros, luego aliados, es mera casualidad.

La Policía francesa puso a disposición de los jueces una larga lista con el millonario patrimonio de que disponen los desfalcadores y sus cortesanos en territorio francés. Pero Francia es un país de asilo. Al menos para los usurpadores de riquezas apiladas sobre el sufrimiento de millones de africanos.

La Cimade ha publicado su informe anual en el que analiza las consecuencias de la política de expulsiones en masa.

En un momento en que medio país vecino se da golpes en el pecho por el despilfarro de Sarkozy durante la Presidencia de turno europea y la otra mitad se tapa las narices para no aspirar ni el aroma a impunidad que desprende el tardío proceso a Chirac ni el hedor a muerte que se esconde tras el «Angolagate» de Pasqua, no está de más echar cuentas sobre el costo de la «patada en el culo».

Si ya no importan las razones humanas cuando se expulsa desde el centro de retención de Hendaia a un ciudadano de origen chino afincado desde hace una década en el Estado francés o cuando se quiere repatriar a un súbdito camerunés cuya integridad física peligra en su país de origen dada su orientación sexual, hablemos de dinero.

Cuando Sarkozy lanza el reto de expulsar en 2009 a 27.000 personas el alma debería ponérsenos a temblar. Pero si con tanto paro tenemos ya el corazón en barbecho, que no nos apriete al menos el bolsillo. Los centros de retención, tan crueles como inútiles, se llevan 533 millones de euros y cada expulsión cuesta 27.000. Un saqueo moral y un despilfarro económico.