Hacer periodismo de investigación en Colombia es muy arriesgado. ¿Por qué se la sigue jugando?

No puedo presentarme ante la cámara y decir, desde un estudio en Bogotá, que en este país hay guerra, que hay desplazados. Como periodista de televisión tengo que ir al sitio donde se producen los desplazamientos, los combates, las liberaciones de secuestrados, cumpliendo una máxima sencilla y elemental del periodismo, la de estar en el sitio donde se producen los acontecimientos. He descubierto que eso molesta profundamente al Gobierno de Álvaro Uribe, que durante sus ocho años de mandato se ha caracterizado por la negación sistemática de la guerra en Colombia. Obviamente les tiene que molestar alguien que muestra en imágenes desplazamientos, víctimas, violaciones de derechos humanos en el marco de ese conflicto. No tenemos las más mínimas garantías de seguridad, y así se lo hicimos saber a las asociaciones de prensa en el mundo, a los gremios y sindicatos de periodistas. Les transmitimos que cualquier cosa que nos suceda será responsabilidad del Gobierno y, especialmente, del presidente, Álvaro Uribe.

¿Qué opina de que miembros del Gabinete de Uribe le acusen abiertamente de «terrorista»?

El que haya ministros que me hacen mala propaganda creo que habla bien de mí como periodista. Digamos que soy un periodista crítico. Tengo un programa de televisión de 30 minutos que se financia con dinero de la cooperación internacional, de la Unión Europea, las embajadas británica, canadiense y holandesa y, recientemente, de Open Society Institute. Y esa financiación llega porque ven a un periodista que está dando voz a las víctimas, denunciando la barbarie del conflicto.

¿No está sometido a ningún tipo de control editorial por parte de la cadena o del Gobierno?

No se opera ese tipo de control que estamos acostumbrados a ver en dictaduras, que llegan y te cierran tu programa o te cierran la emisora. Son más ordinarios y burdos en la manera de censurar. La forma de hacerlo es que el presidente sale públicamente a calificarte y señalarte como «amigo del terrorismo». La manera burda de censurarte es haber puesto desde 2004 a los servicios secretos, al servicio del presidente, a hacernos lo que se llama inteligencia ofensiva, es decir, a desacreditarnos, a generar propaganda negra, a amenazarnos y a intimidarnos.

De hecho, a ciertos periodistas en Colombia se les ha llegado a acusar de ser parte del «sector intelectual» de las FARC.

Para el presidente, el sector intelectual son los defensores de los derechos humanos, los gestores de paz, las voces más críticas e independientes de la política colombiana, los periodistas críticos, todos los que no piensen igual que él o los que lo critican. Lo mete todo en el mismo saco, el de «los aliados del terrorismo», y en Colombia sabemos que eso se convierte en una amenaza a nuestras vidas, a nuestro trabajo, a nuestros trabajadores y a nuestras familias. La interceptación ilegal de tus teléfonos y correos electrónicos, el seguimiento a tus fuentes, a tus padres, a tus hermanos, a tus cuentas bancarias... Todo lo que yo denomino una cacería criminal por el hecho de pensar diferente, de tener una voz crítica.

Sorprende que, tras ser acusado de «terrorista» por el Gobierno, no se encuentre en prisión y pueda ir por el mundo denunciando lo que ocurre.

Pese a los esfuerzos no han podido encontrar pruebas que nos incriminen. En Colombia hay una Corte que mantiene cierta independencia y que ha sido también acusada por el presidente de «terrorismo». Además, mi trabajo es público y lo ha sido durante 5 años, y eso ha llevado a los relatores especiales de las Naciones Unidas para la Libertad de Prensa, a los relatores para la libertad de prensa y expresión de la OEA y a diferentes organizaciones en el mundo a respaldar mi trabajo y criticar la actitud del Gobierno.

¿Hay periodistas amenazados por ambos bandos del conflicto, guerrilla y Gobierno?

En Colombia los periodistas siempre hemos estado en la mira de los paramilitares de extrema derecha, pero las FARC también han asesinado, secuestrado y amenazado a periodistas y han atentado contra emisoras comunitarias. En el periodismo colombiano es normal que las Fuerzas de Seguridad del Estado nos persigan, amenacen e intimiden; lo que no es normal, y nunca lo ha sido, es que sea el presidente el que te ponga la lápida al cuello. Eso es nuevo y se suma a los peligros que tenemos.

Llama la atención que Uribe sea el primero en dar la voz de alarma en casos como el de Erbin Hoyos, a quien respeto y cuyo trabajo por la liberación de los secuestrados también respeto, y que según las informaciones difundidas lo han amenazado las FARC, y en otros casos sea el presidente quien amenaza a los periodistas.