El 29 de octubre se aprobó en el Congreso de los Diputados español la enésima Ley de Extranjería. En este caso, el PSOE ha contado como aliados para su aprobación a los grupos parlamentarios de CiU, CC y PNV. No deja de ser «curioso» que el PNV, por una u otra razón, siempre esté al quité para salvar, en última instancia, los proyectos del PSOE. Por lo visto el PNV -que en su momento presentó una enmienda a la totalidad del texto y lo calificó de «berlusconiano»- ha conseguido que el tiempo de tramitación de las peticiones de asilo o de hábeas corpus que puedan hacer las personas inmigrantes internadas no se sume a los hasta 60 días de retención que la Ley prevé para ellas. Sin embargo, ONGs solventes como Amnistía Internacional, CEAR, Cáritas... reconocen alguna mejora relevante en el texto aprobado respecto a su redacción inicial, pero alertan de que incluye importantes restricciones de derechos fundamentales de las y los inmigrantes.

En todo caso, hay dos aspectos de esta Ley que mejora la situación de las inmigrantes victimas de la violencia de género o de «trata de mujeres». Estas últimas tendrán un periodo de reflexión de 30 días para decidir si colaboran con las autoridades en la lucha contra los traficantes y, si aceptan, obtendrán una autorización de residencia. Por su parte, se establece que a las víctimas de violencia de género en situación irregular, se les paralicen los expedientes de expulsión desde el momento en que realicen la denuncia; además, podrán obtener autorizaciones provisionales de estancia y de trabajo, por circunstancias excepcionales, hasta que termine el procedimiento judicial.

Ésta última es una mejora respecto de la situación actual, en la que la Policía al hacer el atestado tiene la obligación de iniciar el expediente de expulsión, lo que, sin duda, es un riesgo más a añadir a las dificultades con que se encuentran a la hora de denunciar la violencia que se ejerce contra ellas. No es casualidad que la violencia de género que sufren las mujeres inmigrantes trasciendan menos, todavía, que la que sufren las mujeres autóctonas. El miedo y la inseguridad por la situación irregular en que se encuentran es un elemento que las termina por paralizar.

De todos modos, estas medidas no son la solución para las mujeres que, sin papeles ni permisos, dejaron su vida y su familia en otro lado y viajaron a un mundo desconocido, con el dinero justo para aterrizar. Muchas de ellas madres de familia, huyeron de la pobreza, del desempleo, de la falta de perspectivas para mejorar su situación y vinieron en busca de oportunidades de trabajo. A cambio, la mayoría, se encuentra puertas cerradas, cuando no la explotación y la calle. No son mujeres diferentes a cualquiera de las de aquí. Son personas con criterios, sentimientos, ideas y aspiraciones, pero nuestra sociedad se empeña en diferenciarlas, distanciarlas e ignorarlas... y sólo utilizarlas cuando son necesarias para realizar el trabajo que las personas del país rechazan.