En un momento en el que a nivel del Estado español los casos de corrupción afectan, si bien en diferente grado, a los grandes partidos políticos, y dentro de un contexto más general en el que la clase política carece totalmente de credibilidad ante la ciudadanía, no han faltado políticos que han defendido que la imagen popular que se está extendiendo denunciando que todos los políticos son iguales es falsa. Una muestra más de corporativismo que indica que la clase política está más preocupada en la imagen que da que en resolver las causas reales de esa imagen: la utilización del poder como mecanismo para la dominación, y en bastantes casos el enriquecimiento particular, por parte de una casta que permanece al margen de los intereses generales de la sociedad a la que, por otro lado, se supone que representa. Esa percepción social tiene aún mayor fundamento en la medida en que la mayoría de partidos institucionales han convergido en un modelo de práctica política totalmente alejado de la democracia interna y del compromiso militante. De hecho, muchos políticos considerarán esa terminología «obsoleta». Sin embargo, vista la facilidad con la que, a pesar de mantener agrios debates de cara a la galería, partidos de ideologías teóricamente opuestas llegan a acuerdos en cuestiones relevantes, la idea de que la finalidad primera de la práctica institucional es el reparto de parcelas de poder cobra aún mayor peso.

Por lo tanto, la crítica que realiza habitualmente la oposición que aspira a ser alternancia -que no alternativa- sobre el modo en el que un determinado gobierno gestiona la administración tiene recorrido sólo hasta que ese partido llega al poder y repite los mismos casos de nepotismo y despilfarro que tan duramente criticaba antes. Eso le ha ocurrido en gran medida al Ejecutivo de Patxi López, que se llenó la boca de «cambio», prometió recortes y contención en el gasto y ha terminado repitiendo, cuando no superando, el nefasto modo de asignar cargos y dinero de sus predecesores.