El director de Amnistía Internacional (AI) en el Estado español, Esteban Beltrán, presentó ayer el informe "España: sal en la herida: Impunidad policial dos años después". En dicho documento se insiste en que las autoridades de diversos ámbitos «continúan sin adoptar las medidas necesarias para reformar el actual sistema de investigación» en los casos de tortura por parte de miembros de las FSE y propone varias recomendaciones al Ministerio de Interior español y al Departamento de Interior de Lakua para evitar la «impunidad policial».

«La investigación y sanción de la tortura policial sigue siendo un agujero negro que cae en la impunidad», afirmó Beltrán, que añadió también que «esta impunidad de facto se basa en deficiencias estructurales».

Según denunció, «falta voluntad política» para perseguir a los torturadores y criticó que los mismos cuerpos policiales que cometen el delito son los que luego «investigan» los casos de tortura. Asimismo, declaró que falta «colaboración» por parte de las FSE para identificar a los agentes y las frecuentes «contradenuncias» que realizan los policías denunciados.

Cámaras y placas con nombre

La organización internacional recomienda a Madrid y Lakua que para hacer frente a la impunidad policial es necesario crear un mecanismo independiente que tenga facultad para investigar las denuncias contra los miembros de las FSE. Insta además a que se suspenda siempre de servicio a los agentes acusados de maltratos mientras duren los procedimientos.

Además, aconseja que se adopten medidas concretas para introducir la grabación en audio y vídeo con cámaras de circuito cerrado de televisión en todas las zonas de custodia y en otros lugares de las comisarías en las que pueda haber personas detenidas, incluidas las que se encuentran en régimen de incomunicación.

También reclama que se publiquen memorias anuales completas de las unidades de asuntos internos de la Policía espa- ñola, Guardia Civil y Ertzaintza con el fin de que la opinión pública pueda estar plenamente informada de todas las denuncias presentadas contra agentes policiales y de las medidas adoptadas en respuesta a esas denuncias.

En el caso concreto de la Policía autonómica, asegura que se han producido «avances importantes» tras instalar cámaras en las comisarías en 2005 y cita que con esta medida han disminuido significativamente las denuncias de torturas.

Sin embargo, considera que es necesario «ampliar» el sistema de grabación a fin de incluir el audio y que puedan ser grabados los calabozos y lugares donde puede haber personas detenidas.

Según explica el organismo internacional, el Departamento de Interior rechazó esta petición argumentando que quedaba grabado quién entra y sale de los calabozos.

Amnistía Internacional reclama también a la Ertzaintza que todos los agentes lleven en el uniforme placas con su nombre o número claramente visible en todo momento para poder ser identificados.