Con la imagen de centenares de manos levantando fotos de desaparecidos y víctimas de la dictadura comenzó el lunes en Buenos Aires el juicio contra el último dictador de la Junta Militar, el ex general Reynaldo Bignone, de 81 años, que será juzgado por crímenes de lesa humani- dad junto a otros altos mandos del Ejército.

Como espejo de doble cara, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que encontraron al nieto 98 otro de los más de 400 niños robados por los militares.

Los crímenes por los que se juzga a Bignone, quien gobernó el país entre junio de 1982 y diciembre de 1983, fueron perpetrados en los centros clandestinos de detención distribuidos en el campo militar y escuela de Campo de Mayo, por donde pasaron miles de detenidos que fueron hechos desaparecer.

Bignone fue quien entregó el Gobierno a Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, fecha de retorno de la democracia después de las históricas elecciones de ese fin de año, que siguieron a la derrota militar en la guerra de las Malvinas del mismo año.

El dictador admitió que ordenó quemar los archivos de la dictadura. En gran medida, se cree que lo hizo para que los organismos de derechos humanos dejaran de buscar en distintas dependencias, como se sigue haciendo hasta hoy día.

Junto a Bignone, se sentarán en el banquillo de los acusados cinco generales, tres de ellos condenados en agosto por el asesinato del niño Floreal Avellaneda, cuyo cadáver fue encontrado con señales de torturas en las costas uruguayas.

Uno de los más importantes mandos militares que comparecen junto a Bignone es el general Santiago Riveros, quien fuera jefe del Comando de Institutos Militares (cuarta zona), bajo cuya responsabilidad estuvieron, entre otros centros, El Campito, Las Casitas y el Hospital Militar, que funcionó como maternidad clandestina y donde se apropiaron de los niños nacidos en cautiverio. En estos momentos, Riveros está detenido en el penal de Marcos Paz por el crimen del niño Avellaneda.

Los otros dos condenados en esa causa que son nuevamente juzgados son los generales Fernando Ezequiel Verplaetsen, de 84 años, ex jefe de Inteligencia, y Jorge Osvaldo García, ex director de la Escuela de Infantería y del Colegio Militar de la Nación.

También comparecen el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, coronel Carlos Alberto Tepedino, y el ex comisario Germán Montenegro.

Los otros dos generales juzgados son Eugenio Guañabens Perelló, por los crímenes cometidos en 1977, cuando dirigía la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos y comandaba un área militar, y Eduardo Alfredo Espósito, ex director de la Escuela de Ingenieros y jefe del área 410, que fue excluido por la Sala por no estar en plenas facultades mentales.

Todos ellos, responsables de centenares de crímenes, están imputados por 56 casos de secuestro, tortura y homicidios.

Campo de Mayo y la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) son considerados los mayores centros clandestinos de detención. Pero en el primero, a diferencia de la Esma, hubo muy pocos sobrevivientes, sobre los que cae todo el peso testimonial. Muchos de ellos pudieron identificar los lugares de detención y dar testimonio sobre lo sucedido a muchos de sus compañeros.