Jordi Cantillo, el accionista que a título individual contaba con más acciones de la Real Sociedad -se publicó que tenía 1.741, un 1,32% del capital social-, se ha desprendido de todas menos diez después de los problemas de distinto índole que ha padecido en los últimos meses, según ha podido confirmar GARA de fuentes de toda solvencia.

Cantillo es un empresario, aficionado de la Real Sociedad, que apareció en la escena del club tras publicar hace años un anuncio en la prensa para comprar acciones a particulares. Había trasmitido su deseo de alcanzar el 51% del capital social y su última campaña para adquirir acciones la realizó tras la remoción del Consejo de Badiola y la entrada del presidido por Aperribay. Impulsó la Plataforma 5% para delegar acciones y era el referente de la oposición.

Cantillo ha sido oposición de todos los consejos sin excepción y en junio presentó públicamente la Plataforma 5% que lideraba y anunció la interposición de una demanda contra el Consejo de Astiazaran tras comprar la deuda del Antiguoko y su voluntad de convocar para el pasado mes de octubre una Junta y nuevas elecciones.

En agosto era detenido e imputado por un delito de estafa cuyo conocimiento negó, aunque admitió problemas económicos en sus empresas. Desde entonces se ha centrado en resolver sus problemas de distinta índole y ha desaparecido de escena en la Real y resta por saber qué hará la Plataforma 5% y la persona que ha adquirido la mayor parte de esas acciones. GARA se puso en contacto ayer con Jordi Cantillo, pero no pudo atendernos antes del cierre de esta edición, pese a hablar y quedar a una hora concreta.

Queda Badiola

La oposición al Consejo de Aperribay se queda sin más referente que el de Badiola, sin ninguna credibilidad. El último ejemplo de su pelea con la realidad se dio la pasada semana cuando trasmitió a través del foro de su web y del seudónimo preferido para intentar desestabilizar que «la Diputación, por propia iniciativa, un día antes del juicio por el fraude fiscal del IVA el pasado martes 27 de octubre de 2009, comunica a la fiscalía su decisión unilateral de suspender definitivamente la presentación de la demanda y dar carpetazo al asunto. La fiscalía comunica por escrito a las partes que explique por escrito las causas de tamaña decisión».

Badiola, o no sabe por dónde se mueve o miente. No había ningún juicio ese día y el proceso sigue su curso. Lo que sucedió fue que él había sido citado a declarar por los abogados de la Diputación para esa jornada -debió pensar que iba a un juicio- y un mes antes decidieron suspender su declaración, aunque él se enteraría a última hora.

El procedimiento penal está en su fase de instrucción por una denuncia -que no demanda como dice- de la Hacienda Foral después de que Badiola presentara a la Diputación una auditoría legal en la que autoinculpaba a la Real por no declarar todo el IVA de los abonos y de que escandalizara al hablar en la Junta de un «gravísimo fraude fiscal».

En los últimos meses han declarado diferentes personas que están imputadas -los apoderados de todos los Consejos desde Astiazaran hasta Larzabal y el gerente Iñaki Otegi- y testigos. Y la Diputación precisamente no está siendo nada benévola con los imputados a pesar de que se ha demostrado que lo presentado como un escándalo no es más que una tradición desde los 80 de la Real, acordada con los que estaban entonces en el ente foral, por la que se beneficiaban el club y sus socios.

Los abonados sólo pagaban el IVA de una parte del abono que se entendía que se destinaba a ver partidos y no de otra parte que se justifica como cuota para otro tipo de conceptos sociales. Lo mismo que los demás clubes de Gipuzkoa que tienen una finalidad social no pagan el IVA de las cuotas de sus socios.

Sí es verdad la información que dio ayer Badiola de la presentación de una demanda de cuatro técnicos que entraron en el ERE -Rueda, Barandiaran, Del Castillo e Iñigo Domínguez- que reclaman que se equipare su caso al de otros trabajadores que entraron en el mismo tras acogerse a bajas incentivadas.