La última vez que nos asomamos a estas páginas hablábamos del sospechoso archivo de sospechosos al que el Ministerio del Interior acababa de dar carta de naturaleza. Hoy tenemos que hacerlo de otro invento, también al servicio de la policía. Se trata del Sitel, nombre que recuerda al de una contrata de Telefónica cuyos trabajadores, acampados en el paseo de la Castellana, colapsaron Madrid durante meses, al mediodía, protestando por sus injustos despidos. Pero no tiene nada que ver, sino que es la abreviatura de Sistema Integral de Interceptación de Telecomunicaciones. Se trata de una potente herramienta que permite pinchar teléfonos de forma poco ortodoxa desde el punto de vista de la garantía de los derechos fundamentales, pues puede utilizarse en la práctica sin control judicial efectivo.

Lo más grave del asunto es que viene utilizándose desde 2004. Fue comprado por el Gobierno de Aznar cuando Rajoy era ministro del Interior y subsecretaria la actual secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. El Gobierno del PSOE lo ha venido utilizando con normalidad después de haberle dotado de una cobertura legal más que discutible. Y creo que casi todos desconocíamos su existencia, aunque barruntábamos que habría algún artilugio similar. Pero ha tenido que salir a la luz la trama Gürtel para que el PP se haya lanzado a la yugular de Rubalcaba, acusándole de utilizar escucha ilegales, intentando que se declare la nulidad de tan incómodas pruebas incriminatorias. Al tiempo, el ministro se ha hecho la foto con los contratos de la compra firmados por el PP en 2001.

Está claro que compran los unos y utilizan todos las más caras y avanzadas tecnologías para enmarronar a todo bicho viviente, pero ponen el grito en el cielo cuando se utilizan para controlarles a ellos. Sólo quieren que se use para conocer nuestras opiniones, las de los de a pie.

Y es que parece que últimamente están muy interesados en saber lo que piensa el pueblo llano, al menos el de Usurbil, y por eso ha debido autorizar el Consejo de Ministros la celebración de un referéndum para conocer la opinión de los vecinos. Me extrañó la noticia, pues hay que ver la que se monta cada vez que se menta la bicha, incluso aunque se le llame «consulta», como hizo Ibarretxe: toda las Brunetes, incluida la mediática, se rasgan las vestiduras diciendo que esas cosas deben decidirlas todos los españoles, y en cambio en este caso han aprobado su celebración sin problemas.

Claro que luego me ha sorprendido menos, cuando he sabido que lo que persiguen los que proponían la celebración del plebiscito es cuestionar el sistema de recogida de basuras puerta a puerta puesto en marcha por el Gobierno municipal de ANV como alternativa a la incineración.

Por cierto que, pese a ello y a que los promotores eran sólo 800 de los 5.000 habitantes del pueblo, ANV votó a favor de su celebración, dando así una lección de auténtica democracia.