Las teorías de Alfredo Pérez Rubalcaba sobre la pertinencia de las detenciones del pasado 13 de octubre se han visto derrumbadas por la realidad, y avanza en la opinión publicada la certeza de que Otegi, Jacinto, Rodríguez, Zabaleta y Díez preparaban una adecuación de la estrategia de la izquierda abertzale que nada gustaba al ministro del Interior. En paralelo, crecen las dudas sobre la capacidad del nuevo lehendakari y su Ejecutivo para gobernar la CAV, al tiempo de que pocos cuestionan que Patxi López nunca hubiera llegado a Ajuria Enea sin la aplicación calculada de la Ley de Partidos.

Así que el PSE ha visto en la moción del PP sobre Batasuna y la sentencia del Tribunal de Estrasburgo el clavo ardiendo al que agarrarse para obtener en ese Parlamento autonómico trampeado una victoria que se le niega en la sociedad. Es la estrategia de un partido a la defensiva.

Cuando un pretendido Estado de Derecho necesita recordarse a sí mismo lo bueno que es, algo no debe irle bien del todo. Si además para ser aceptado en el país precisa de medidas de «pedagogía democrática», parece evidente que tiene un problema que quizá no sea culpa de los demás.

El partido que decía que iba a ocuparse de las cosas que preocupan de verdad a la gente y no de las ensoñaciones nacionalistas centra la atención del pleno de mañana en contarnos lo malos que son Batasuna en general y Arnaldo Otegi en particular. Según Óscar Rodríguez, «la democracia, y la sociedad vasca y española, han sido muy generosas. A ETA y a los suyos se les han dado tres oportunidades para acabar con la violencia. Las tres han acabado de la misma forma, con bombas de ETA y el silencio de sus representantes políticos. Otegi y sus amigos han demostrado muchas veces que no tienen capacidad suficiente para acercar a ETA a la política, porque son dos caras de la misma moneda, la mal llamada izquierda abertzale».

Pues no todos lo ven así, y de ahí que la mayoría sindical y los partidos que suman la mayoría política convocaran a una manifestación en protesta por sus detenciones que, según Odón Elorza, resultó «muy grande y muy masiva».

Es difícil luchar contra la evidencia. Dijo el propio Óscar Rodríguez que «en Euskadi hay conflictos entre gentes que piensan de distinta forma como en cualquier otra sociedad con diferentes identidades que pueda haber en el mundo. Pero aquí hay terrorismo. El problema no es que pensemos diferente y que debatamos entre nosotros, el problema verdadero es la violencia, la existencia de ETA».

Por lo tanto, si el conflicto es entre vascos y el problema es ETA la pregunta venía dada: «En ausencia de violencia, ¿la solución será la que decidamos los vascos sin injerencia externa, por ejemplo, sin que una instancia exterior revoque una decisión adoptada por este Parlamento?».

La respuesta de José Antonio Pastor resultó esclarecedora. «Cuando usted habla de una instancia exterior -explicó- no sé a qué se refiere. Esto es una comunidad autónoma que se rige por unas normas, que pertenece a un entramado político, jurídico e institucional y a una realidad política que se llama España. Por lo tanto, no estamos hablando de nada exterior, sino de un conjunto de realidades políticas y ésta forma parte de un conjunto más amplio, la sociedad española y la realidad europea y todos tenemos nuestros ámbitos de decisión. Pero, evidentemente, la solución fundamental, la inicial y quienes nos tenemos que poner de acuerdo somos los vascos. Y después trasladar los acuerdos como establecen las reglas de juego de las que todos nos hemos dotado».

Es decir, además de las cuitas que podamos tener los vascos entre nosotros, como cualquier otra sociedad del mun- do, hay también «un contencioso entre el Pueblo vasco y el Estado español», según reconocieron los partidos firmantes del Pacto de Ajuria Enea el 22 de noviembre de 1991. Tratar de ocultar esto es políticamente estéril.

De lo visto se desprende que tenemos pues un Estado de Derecho bueno que no es mayoritariamente percibido como tal y un sector político muy malo, pero que la mayoría no quiere que se detenga a sus dirigentes o sea ilegalizado. Tenemos un mal planteamiento por parte del PSE de cuáles son los problemas y el conflicto, con lo que así es difícil encontrar soluciones. Y, además, según veremos, este partido tiene dificultades para aceptar la realidad que le circunda.

Se queja Pastor de que «se nos dice con insistencia que ni el Gobierno Vasco ni la actual mayoría parlamentaria representan a la mayoría social» de la CAV. Y lo considera «una acusación gravísima desde el punto de vista democrático». No. Eso es una evidencia constatable. PSE y PP tienen la mayoría en el Parlamento pero no tienen la mayoría de los votos, ni siquiera descontando los cien mil anulados.

El portavoz del PSE contesta a esto preguntando a su vez «si se puede articular a toda la oposición como una especie de frente único que representa o deja de representar mayorías sociales». A lo que añade que «en cada elección, en este país, municipales, generales, autonómicas o europeas los electores vascos han dado mayorías distintas de distinto tipo. Esa supuesta mayoría social y política me parece que es parte de un invento, de una leyenda que no está contrastada».

Nada de leyendas. Los parlamentarios que en la investidura apoyaron a Juan José Ibarretxe como lehendakari repre- sentaban a 500.312 votantes; los que se inclinaron por Patxi López, a 486.493. Que 500.312 son más que 486.493 no es un invento nacionalista. Son matemáticas.

Si a esto le añadimos la aplicación a conveniencia de la Ley de Partidos, el resultado es que una gran parte de la ciudadanía pone en duda la legitimidad del Gobierno de López y de su «nueva mayoría» forjada con aquellos a los que, según dijo en campaña, nunca se iba a unir. Y esa legitimidad que no se le reconoce aquí, no la va a ganar apelando al fallo del Tribunal de Estrasburgo sobre la ilegalización de Batasuna.