Con el cambio del Gobierno de Gasteiz se vislumbraba un solo cambio en el proyecto de Tren de Alta Velocidad. En efecto, ahora se pone mucho más énfasis en el contexto estatal del TAV y en vez de limitarse a señalar que podremos viajar por tren entre las capitales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba en más o menos media hora, ahora se subraya que el viaje de Bilbao a Valencia, por ejemplo, nos supondrá únicamente tres horas y media en vez de las nueve horas y media actuales, y de Bilbao a Santander menos de una hora, en vez de casi tres.

Pero todo lo demás sigue igual. Aparentemente da igual quién gobierna en Gasteiz, los poderes económicos promotores del TAV han logrado una envidiable penetración en las mentes de las mayorías políticas, sin que hayan logrado, no obstante, persuadir a la mayoría sindical y social vasca de las bondades del proyecto de la alta velocidad. Obstinados sindicatos, movimientos antidesarrollistas, organizaciones agrarias y asociaciones ecologistas entre otros, que persisten en decir que el TAV no es un proyecto apropiado para nuestro futuro. Y, para más inri, lo argumentan, documentan sus argumentos y demuestran el sentido social de sus argumentos.

Naturalmente, las políticas de transporte de los sucesivos gobiernos nacionalistas de Gasteiz sentaron, a sabiendas, la base de este contexto estatal que remarca ahora el Gobierno actual, aunque los gobiernos nacionalistas se cuidaron mucho a la hora de minimizar sus referencias a la red de alta velocidad estatal y centrarse en buscar con lupa los motivos que justificarían el proyecto TAV para Bizkaia, Araba y Gipuzkoa. Cualquiera diría que vendieron una idea para poder vender las riquezas del país. Lo que no encontraron, y se sigue sin encontrar, son motivos socio-económicos convincentes para vender su proyecto a la mayoría del movimiento sindical y social vasco.

Tanto los gobiernos nacionalistas antes como ahora el Gobierno nuevo insisten en que el TAV es necesario para evitar desastres económicos y ambientales: pero ante preguntas concretas sobre cuántas viajeros y viajeras, cuántas mercancías, precios de billetes, costes de oportunidad (las ventajas socio-económicas derivadas de centrar el esfuerzo presupuestario en reducir movilidad y mejorar la accesibilidad a servicios sociales), etc., ni los gobiernos nacionalistas ni el Gobierno de ahora responden con más que vaguedades.

Lo que el actual Gobierno evita decir en voz alta es que hereda y mantiene un proyecto de los gobiernos nacionalistas (sin olvidar la temprana contribución de un consejero socialista en un anterior gobierno vasco) en el que quieren invertir desde 4.000 a un infinito de millones de euros para una minoría de la población vasca: concretamente un puñado de empresas y, como mucho, el 3% de viajeros y viajeras del total de personas que se mueven en un día laboral típico. La relación del 97% restante con el TAV seguirá siendo aguantar todos sus impactos negativos tras haber tenido que contribuir a su financiación.