Jordi Cantillo no quiso acabar ayer en la audiencia previa el caso abierto tras demandar a José Luis Astiazaran, Iñaki Gabilondo y Xabi Bengoetxea y se fijó el juicio para el 26 de enero a las diez de la mañana y se determinó que ninguno de los cuatro protagonistas declarará. Sí lo harán como testigos, entre otros, el gerente realista Iñaki Otegi, auditores y un administrador concursal.

Jordi Cantillo llegó a un acuerdo con el Antiguoko para comprarle la deuda que tiene la Real de 260.000 euros correspondientes al traspaso de Xabi Alonso al Liverpool. Lo hizo para demandar al presidente y a los dos vicepresidentes del Consejo con el que se generó. Según se ha indicado a GARA desde el Antiguoko, Cantillo se comprometió a abonar el 50% de esa deuda, lo mismo que recibiría con el convenio de acreedores, pero en plazos más cortos, y un 20% de lo que pudiera sacar vía judicial el empresario, que se comprometía a abonar los gastos judiciales.

La demanda la presentó su empresa Annius Finanzas SL en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia, la parte demandada envió una contestación y ayer se celebró el antejuicio. De desestimarse la demanda, Cantillo se expone a ser condenado a pagar más de 40.000 euros en costas.

El precedente de Lighthouse

Cantillo presentó la demanda antes de conocer la sentencia del juicio de Lighthouse contra los consejeros de Fuentes, De la Peña y Larzabal, en la que pronosticó un triunfo de Badiola que no se dio al desestimarse la demanda por entender que no les podía responsabilizar de una deuda de 2,2 millones generada cuando la sociedad estaba gestionada por el demandante y condenarle a pagar todas las costas judiciales.

Badiola ha publicado que «el 28 de de setiembre de 2009, martes, Lighthouse presenta solicitud de recurso de apelación que ahora el juez Malagón admite; de ahí que se producirá un nuevo juicio allá por el mes de mayo de 2010 en el que el juez Malagón no podrá participar».

Es una versión irreal en la que son falsos hasta días irrelevantes. El 28 de setiembre era lunes, el anuncio del recurso se produce el 2 de octubre, el 6 se da traslado a la parte demandada y el 22 se dicta una providencia y desde ahí los abogados de Badiola tienen 20 días hábiles para formalizarlo, hasta el 23, y aún no lo ha recibido la parte demandada.

Cuando la reciban, tienen diez días hábiles para oponerse al recurso. Luego el expediente pasaría a la Audiencia Provincial, que nombrará un ponente que junto a otros dos magistrados analizarán el recurso y en meses -es imposible prever si en mayo o en cualquier otro- dictarían sentencia. No hay un nuevo juicio, sino una revisión del procedimiento para ver si el juez se ha equivocado. Por eso no participará Malagón, pues estos procesos son así.

Lo normal es que confirmen la sentencia y que los alrededor de 450.000 euros que la parte demandada estima que debería abonar ahora por costas Badiola suban hasta los 720.000. Basta con ver la cantidad de abogados que defienden a los demandados y los pocos que representan a los imputados en un caso del IVA en el que sí deberán pagarlos.

También en este caso Badiola no dice la verdad al difundir que «la Fiscal encargada de dilucidar la querella» contra los apoderados de los Consejos de Astiazaran, Fuentes, De la Peña, Larzabal y el gerente Iñaki Otegi, «ha solicitado a la Diputación que explique su decisión de suspender el juicio y dar carpetazo al asunto».

El caso del IVA

El miércoles informamos que esta afirmación a través de un seudónimo en su foro era mentira o un error si pensaba que iba a un juicio cuando se le comunicó que los abogados de la Diputación suspendieron su declaración como testigo. El jueves en su web se leía lo mismo. No era un error...

El caso sigue su curso en fase de instrucción. Cuando un abogado suspende la declaración de un testigo, la Fiscalía pide explicaciones. Ni había juicio ni Diputación ha pedido dar carpetazo a nada. Las diligencias previas siguen abiertas, el martes están citados para declarar los inspectores fiscales y este mes deben hacerlo dos imputados. Al final de la fase de instrucción la juez acordará el archivo del caso si no observa indicios de delito o la conversión de las diligencias en un procedimiento penal.

Los imputados esperan lo primero porque sólo ven que les perjudican unas facturas en las que aparece que el IVA se aplica al total pagado por unas empresas abonadas. Los dos trabajadores de la Real que las emitieron han declarado que se equivocaron y se ha aportado la contabilidad del club para demostrar que no se cobra IVA a todo el abono.

Desde hace décadas la Real diferencia una cantidad como abono por ver partidos y otra como cuota para gastos sociales y los abonados sólo pagan el IVA de la primera, algo que se podía ver en las cartulinas de abonados antes de implantarse la tarjeta actual. En la contabilidad se refleja que hay una parte de la cuota cuyo IVA no se cobra y los beneficiados de eso son los abonados.

La mayoría de los imputados ni sabían cómo se cobraba o declaraba ese IVA y lo normal al detectarlo era presentar una declaración complementaria -como hizo Badiola tras hacerlo igual que los demás- y buscar una fórmula para no perjudicar a los abonados ni al club, por ejemplo a través de una Fundación para el fútbol base. Pero a Iñaki Badiola le interesaba más escandalizar con un «gravísimo fraude fiscal».

En agosto de 2007 una persona se sentó delante de un ordenador para desarrollar una maquiavélica estrategia dirigida a expulsar al Consejo y a que nadie más quisiera sustituirlo. De la misma forma busca lo mismo ahora con llamamientos a una «rebelión» en la Junta de diciembre. Pero todo ha cambiado y hasta los que quieren un cambio y que alguien en su sano juicio y con un mínimo de nivel sustituya a Aperribay necesitan subir a Primera, que la Real juegue sus partidos en Anoeta y no en Atotxa, en los Juzgados, y que las Juntas se desarrollen con respeto.