«Nos preocupa también que pueda existir una conciencia social que, de alguna manera, justifique o reste gravedad a la violencia contra la mujer», añadió Mariola Serrano al ser requerida su opinión sobre el veredicto que considera la muerte de Nagore Laffage un homicidio y no un asesinato.

En primer lugar, la directora de Atención a las Víctimas de Violencia de Género expresó su «acatamiento y respeto» al veredicto del jurado popular, pero reconoció que le «entristece» que se haya calificado el delito sólo como «homicidio».

Tras mostrar su «apoyo, solidaridad y cariño» a la familia de Nagore Laffage, por entender que «éstos son momentos duros para ellos», Serrano precisó que desde la dirección que ocupa no se cuestiona «en ningún caso» la decisión del jurado.

Por su parte, el colectivo Lunes Lilas ha mostrado su «indignación y perplejidad» por el veredicto del jurado popular . «Ha sido injusto. Esto no es un arrebato, es un asesinato. No hay atenuantes que valgan»», afirma este colectivo.

«Una parte de este jurado popular -agrega en un comunicado- ha despreciado los derechos de las mujeres y en particular los de Nagore Laffage. Sólo se creen probado lo que dice el acusado y su abogado defensor. Con su criterio de homicidio con todos los atenuantes, llaman a asesinar mujeres cuando ejercen su derecho a decir ¡no! ¡Total, no cuesta casi nada! Y legitiman la violencia de género».

Al igual que señaló antes del comienzo de la vista oral, este colectivo entiende que la muerte de Nagore Laffage fue un caso de violencia de género, «en la medida en que se le negó la capacidad de decidir y el poder decir ¡no! a unas relaciones que no quería y estaba dispuesta a denunciarlas».

Después de recordar que «así lo reconoce la Ley Foral 22/2002 de 2 de julio para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista en su artículo 1», Lunes Lilas considera que «la insistencia en no catalogar este juicio en este concepto ha sido algo muy interesado».

«Estas conductas -concluye su valoración- son rechazables e injustificables en una sociedad que tenga por base la igualdad efectiva de derechos de todas las personas y las relaciones basadas en el respeto mutuo y el diálogo. Y en esto el jurado popular no ha estado a la altura del siglo XXI, ni de las leyes de igualdad y violencia de género».

Tres vieron «alevosía»

La decisión del jurado popular que juzgó a José Diego Yllanes, integrado por seis mujeres y tres hombres, fue tomada después de contestar a 36 preguntas planteadas por el magistrado de la sala, lo que se conoce como «objeto del veredicto».

Con las respuestas a estas 36 preguntas se trataba de determinar la culpabilidad o no del acusado en los delitos de homicidio, asesinato y profanación de cadáver. Según establece la legislación, para declarar probado un hecho favorable al acusado se necesitan cinco de los nueve votos del jurado, mientras que para declarar probado un hecho contrario al reo se precisan siete.

A la pregunta concreta de si José Diego Yllanes había actuado o no con alevosía en la muerte de la joven irundarra (lo cual determina si se trata de un homicidio o un asesinato), seis miembros del jurado interpretaron que no, y los tres restantes que sí.

Las respuestas de cada miembro del jurado son secretas y ello no permite determinar en qué sentido votó cada uno de ellos a las 36 preguntas formuladas por el magistrado.