El director de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Jukka Takala, confirmó ayer en Bilbo que las microempresas deberán hacer la evaluación de riesgos, poniendo fin a una polémica que ha alimentado la Dirección General de Industria de la Comisión Europea. Dentro de una normativa para la racionalización de los costes para las empresas, que el presidente José Manuel Durao Barroso avaló, se aprobó en octubre permitir que las microempresas estuvieran exentas de la evaluación de riesgos laborales, lo que motivó una crítica directa por parte de las organizaciones sindicales europeas.

En el cierre de la campaña bianual para impulsar la evaluación de riesgos en el conjunto europeo denominada «Lugares de trabajo saludables», Jukka Takala admitió que en una reciente reunión del comité consultivo, los representantes de los diferentes gobiernos de la Unión Europea consideraron «no adecuado levantar esos requisitos de la evaluación de riesgos para las microempresas».

A cambio, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo presentó ayer una herramienta interactiva, que en Holanda se está empleando, y que sirve precisamente para lograr controlar los riesgos que hay en cada centro de trabajo con el fin de poner el remedio para evitar la existencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Tiene su importancia este elemento porque, como expresó el ministro de Empleo del Gobierno sueco, Sven Otto Littorin, al año se producen en la Unión Europea un total de 167.000 muertes de personas, de las que alrededor de 8.000 corresponden a accidentes de trabajo y el resto al efecto dañino y mortal de las enfermedades profesionales contraídas a lo largo de la vida laboral del trabajador.

Según expresó Littorin, el coste en vidas es «inaceptable» y «dramático», pero, a la vez, tiene una repercusión directa sobre el coste económico, «ya que representa el 6% del PIB», lo que supone al año una pérdida para las arcas públicas de 584.000 millones de euros por compensaciones económicas, indemnizaciones o sustituciones de trabajadores. A comienzos de la década de este nuevo siglo, el coste estimado de la siniestralidad laboral de modo amplio se situaba en el 4,2% del PIB europeo, por lo que se está produciendo un incremento importante, sin que todavía se ponga fin a esa situación dramática en la que los empresarios juegan un papel protagonista, porque la legislación europea les otorga la responsabilidad de tener y garantizar los puestos de trabajo en condiciones seguras y saludables para el empleado.

Jukka Takala recordó, por otro lado, que un 75% de los ciudadanos de la Unión Europea considera que las enfermedades que sufren se deben al trabajo. Por lo que insistió que es necesario y urgente que «se priorice en la salud, se esté o no en crisis. Las empresas deben gastar dinero en la seguridad y la salud en el trabajo. Los lugares saludables no son una ilusión, sino es algo tangible», pero para conseguirlo es necesario «un compromiso ético de los empresarios, los trabajadores y sus representantes y los gobiernos».

Más evaluación

Para evitar los accidentes y los riesgos para la salud en el trabajo es imprescindible tener realizada una evaluación de riesgos laborales en cada centro de trabajo. En la Cumbre Europea sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebró ayer en el Palacio Euskalduna, se puso fin a la primera campaña bianual en esta materia y se anticiparon unos resultados de una macroencuesta que se ha realizado en 31 países para conocer la percepción del riesgo en cada centro de trabajo, pero que hasta marzo no estará explorada con todas sus consecuencias. Eusebio Rial, responsable del Observatorio de Riesgos Laborales de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo destacó que la misma se realizó a 36.000 personas en los veintisiete estados que conforman la UE y en Croacia, Turquia, Noruega y Suiza. Sin embargo, la encuesta no tuvo en cuenta el sector primario ni las empresas con menos de diez trabajadores.

En general, se demuestra que las empresas más grandes realizan más evaluaciones de riesgos que las de menos trabajadores. Sin embargo, la calidad de las evaluaciones constituye un elemento negativo. «Sólo un 43% de las empresas de entre diez y veinte trabajadores realiza la evaluación de riesgos con recursos propios, aunque ese procentaje se eleva al 71% entre las empresas con más empleados». Otro tema importante es que entre un 13% y un 44% de las empresas, dependiendo la franja de nivel de ocupación, considera que «no es necesario hacer la evaluación de riesgos». Sin embargo, la legislación obliga no sólo a hacer la evaluación, sino a renovarla y a que sea cambiante, porque los puestos y las condiciones de trabajo varían.

Los resultados que se expusieron a groso modo, por otro lado, indicaron que hay un 23% de empresas pequeñas que no evalúan los riesgos sicosociales, cuando es obligatorio y, por último, quedó claro que las empresas realizan la evaluación no porque sea un requerimiento legal o porque se quiera controlar el absentismo laboral, sino para «dar respuesta a los clientes».

En el encuentro participó la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Lakua, Gemma Zabaleta, quien recordó que subvencionarán con 100.000 euros la presencia de la Agencia Europea en Bilbo y la dotarán de un nuevo local. Otros 100.000 euros los pondrá el Gobierno español, como también afirmó el ministro español, Celestino Corbacho, que en su intervención recordó que los accidentes de trabajo se han reducido en el Estado español en los últimos doce meses, porque la incidencia ha pasado de 5.478 accidentes por cien mil trabajadores en 2008 a 4.188 accidentes de media entre setiembre de 2009 y setiembre de 2008. Walter Cerfeda, de la CES, reclamó una actuación directa para que se cumpla la legislación y Kris De Meester, de Business Europe, señaló que muchas empresas «han comprendido el mensaje» de la campaña.