El pasado día 12, los aliados del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, presentaron una de las reformas más radicales al lento sistema judicial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La ley impondría un plazo límite de seis años para las tres etapas que atraviesan los casos judiciales: juicio inicial, primera apelación y apelación final.

De hacerse efectiva, esta norma podría favorecer a Berlusconi, puesto que podría comportar la prescripción de los dos juicios que debe enfrentar tras la invalidación por parte del Tribunal Constitucional de la ley de inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado.

Gran parte de la magistratura se ha puesto en pie de guerra ante la posibilidad de que procesos importantes como la quiebra de Parmalat, la mayor de Europa, o el proceso contra la empresa Eternit por el uso del amianto queden anulados.

«La ley, en realidad, beneficiará a una única persona, es decir, a Berlusconi», denunció el juez anti corrupción y jefe del partido de oposición Italia de los Valores, Antonio Di Pietro.

El malestar por esta reforma judicial también se ha dejado sentir dentro de la coalición gobernante, alimentado por la competencia por la sucesión de Berlusconi, según analistas.

Gianfranco Fini, presidente de la Cámara Baja, ha manifestado su descontento con Berlusconi, acusándolo de actuar como «un monarca absoluto».

El magnate de los medios, cuya popularidad bajó tras un verano plagado de escándalos sexuales, ha prometido completar su mandato hasta 2013 después de ganar las elecciones parlamentarias en 2008. Afirma que cuenta con el apoyo de los italianos pese a que los jueces «comunistas» están en su contra.