La polémica generada en torno a la transferencia de las políticas de empleo entre el Gobierno de Lakua, por un lado, y el PNV y el Gobierno español, por otro lado, muestra claramente cómo opera el sistema político español y, muy especialmente, sus partidos políticos. Dentro del arco parlamentario ni se ven ni se contemplan alternativas u oposición. Todo se reduce a trueques entre profesionales de la política que tan solo representan sus propios intereses y, como mucho, los de sus respectivos partidos.

La jugada de Ferraz para con Lakua es, aun con todas las diferencias, la misma que realizó Zapatero en Catalunya en relación al Estatut. Sin embargo, la autonomía del PSC para con Madrid no tiene comparación con la relación que mantienen el PSE o el PSN con su casa matriz, de la que tienen una dependencia ideológica y estructural rayana con la sumisión. Una dependencia dañina no sólo para los intereses partidarios de los socialistas en tierras vascas, sino sobre todo para los intereses y las necesidades de los y las vascas. Intereses que, por otro lado, en el entramado institucional español actual están al albur de las decisiones de los tribunales españoles, que han ido recortando paulatinamente la ya de por sí escasa autonomía política de las naciones del Estado. Y lo que es peor, ante este escenario el PNV asume el juego político hasta tal punto que termina por legitimar decisiones, bien sean éstas políticas o judiciales, que suponen un ataque directo contra Euskal Herria. Así ocurrió, por ejemplo, con los sucesivos planes de Juan José Ibarretxe.

A nadie escapa a estas alturas que la sociedad vasca está hastiada de tanto tejemaneje parlamentario y que la situación política del país requiere un cambio estructural. Ese cambio, tal y como han venido reclamando diferentes partidos, sindicatos y agentes sociales vascos, no tiene como referencia el Estatuto y el Amejoramiento, sino un acuerdo político incluyente que tenga en consideración todos los derechos individuales y colectivos en Euskal Herria.