Las familias de los detenidos en la macrorredada del martes se agolpaban anoche ante la Audiencia Nacional a la espera de noticias. Las agencias informaban de que trece de los jóvenes ya habían declarado, y ese simple dato era mucho más de lo que los allegados sabían, ya que se ocultó incluso de quiénes se trataba. La primera noticia cierta fue ver que el juez instructor de la redada, Fernando Grande-Marlaska, salía del edificio. Poco después se confirmaban once órdenes de prisión.

Según detalló el movimiento pro-amnistía, han sido encarcelados bajo acusaciones de «pertenencia a organización terrorista» -etiqueta dirigida a Segi- los gasteiztarras Jon Liguerzana, Bittor González y Goizane Pinedo; Mikel Eskiroz, donostiarra capturado en Iruñea; Amaia Elkano, también detenida en la capital navarra; Jon Ziriza, de Barañain; la burlatarra Itsaso Torregrosa; Haritz Petralanda, de Zamudio; Mikel Ayestaran, de Villabona; Oier Ibarguren, donostiarra; y Eñaut Aiartzaguena, de Iurreta.

Al parecer, todos ellos habían sido comunicados después de declarar y sus abogados estaban tratando de hablar con ellos. Los dos restantes quedaron libres: son el barañaindarra Raúl Iriarte y Oihana Fernández, vecina de Iruñea que había recibido durante el día el apoyo de sus compañeros de trabajo del bar Onki Xin de Donibane.

Los trece jóvenes declararon absolutamente incomunicados, situación en la que continúan los 21 jóvenes todavía retenidos por la Policía española y la Guardia Civil, para quienes éste será el cuarto día sin contacto alguno con el exterior.

Antes del inicio del trámite, los abogados reclamaron a Grande-Marlaska que se informara al menos de quiénes iban a pasar por su despacho, con el lógico objetivo de que sus familiares y amigos pudieran programar el desplazamiento a Madrid, pero el juez se negó a ello según explicó el movimiento pro-amnistía.

Las familias, sin información

Ello hizo que muchas familias emprendieran el viaje ayer mismo, aun a riesgo de que sus allegados quizás no declaren hasta el sábado, de modo que deberán pasar dos noches en la capital española. Así lo hicieron, por ejemplo, los familiares de detenidos navarros que a primera hora de la tarde se habían reunido en Iruñea con representantes de la Oficina del Defensor del Pueblo de Nafarroa para pedir su mediación.

Para el movimiento pro-amnistía, todo ello incrementa la situación de «indefensión», que ha sido especialmente evidente en este caso. Grande-Marlaska rechazó desde el inicio todas las medidas solicitadas, incluidas las meramente informativas, como saber dónde estaban los jóvenes. No ha habido noticia alguna desde que el martes se indicara que estaban de camino a Madrid. En esta ocasión ni siquiera se han producido las habituales filtraciones de datos de la investigación. La única imputación formulada por el Ministerio del Interior era de relación con Segi. Ayer tampoco trascendieron nuevas acusaciones, pese a lo cual la Fiscalía reclamó prisión para los trece.

Además de apuntar que esta situación sólo busca «castigar a los familiares», el movimiento pro-amnistía reiteró su denuncia de la aplicación de la incomunicación, y más aún después del reciente informe del Comité contra la Tortura de la ONU que reclama al Estado español que avance hacia su abolición. «Que pocos días después de esa petición de la ONU se realicen 34 detenciones de jóvenes y se imponga la situación de incomunicación más opaca demuestra la dimensión de la represión impuesta por el Gobierno español en Euskal Herria. Y muestra el nivel de la democracia española», apunta este movimiento.

Denuncia en Gasteiz

Al margen de las detenciones, muchos colectivos siguen evidenciando su malestar por los registros policiales de todo tipo de sedes en la madrugada del martes. Hoy se anuncia una comparecencia masiva en Iruñea, y ayer seis asociaciones de vecinos de Gasteiz emitieron una queja de modo conjunto.

Zazpigarren Alaba, Errota Zaharra, Gasteiz Txiki, Betiko Gasteiz, Judimendikoak y Bizigarri lanzan un «basta ya» frente a «la represión contra nuestros jóvenes y la violación de los locales sociales autogestionados». Recordaron que anteriormente ya se llevó a declarar a dos personas a la Audiencia Nacional por una actuación en Zaramaga, que luego la Policía Municipal y la Ertzaintza entraron en una asociación de Aranbizkarra y que ahora se ha vuelto a entrar en dos sedes vecinales «rompiendo las puertas y llevándose los útiles de trabajo de los voluntarios y voluntarias que se dedican a trabajar por sus vecindarios de modo gratuito».

Dirigen su crítica al alcalde de la ciudad, Patxi Lazcoz (PSE), de quien dicen que «se cree el reyezuelo de esta ciudad y se permite el lujo de pedir ayuda a la Audiencia Nacional para entrar en unos locales que siempre están abiertos a la ciudadanía», en alusión al caso de Aranbizkarra.

En referencia a la última actuación policial del martes, censuraron que «no pueden gratuitamente entrar en los locales y romperlo todo, con o sin orden judicial, con un secretario del juzgado o sin él, que también lo han hecho. Tenemos perfecto derecho a asistir a un registro con testigos para que no se produzcan abusos, roturas de ordenadores, robos...»

Por todo ello, estas seis asociaciones reivindican las libertades democráticas y exigen respeto a los detenidos y el fin de la ocupación de locales. Se suman a la marcha de hoy en Gasteiz (20.30) y la de mañana en Bilbo.