En vísperas del primer juicio por las llamadas «detenciones preventivas», hace un año en Nafarroa se logró conformar una importante iniciativa que reunió a 50 colectivos, logró miles de adhesiones individuales y tocó todas las puertas posibles. Ahora, en puertas de otra vista oral similar que sentará en el banquillo a trece jóvenes, esa unidad de acción se ha vuelto a activar. Pero la rueda de la represión gira a más revoluciones todavía, de modo que la masiva rueda de prensa convocada ayer en Iruñea llegaba con nuevos elementos sobre la mesa. De hecho, entre los más de 40 presentes había quienes no podían contener las lágrimas tras haber regresado de Madrid, donde vieron llover órdenes de prisión contra familiares y amigos. Y junto a las redadas justificadas en la definida policialmente como «lista de Susper», querían denunciar también la «lista negra» elaborada por las FSE con las redadas de Iruñerria de 2008; pues bien, algunos de los jóvenes allí incluidos fueron apresados el martes. Todo se acaba uniendo y se retroalimentando con un mismo objetivo final: sacar de la calle a los jóvenes independentistas.

El informe preparado ante este juicio recuerda que hay un hilo conductor común. Ahora es Alfredo Pérez Rubalcaba quien no tiene empacho en admitir que detienen para «evitar que ETA tenga un cantera». Pero en 2003, cuando se produjeron estas redadas en cascada, era su antecesor en el Ministerio del Interior, Angel Acebes, el que se jactaba de que «hemos cortado la posibilidad de reconstituir parte de la estructura de colaboración con ETA. Los hemos detenido y ahora veremos de qué les podemos acusar». Y antes, en los años 90, fue Juan María Atutxa, consejero de Interior de Lakua, quien admitió que la de los «grupos Y» era un etiqueta destinada a unir la kale borroka con ETA para poder elevar las condenas.

En la rueda de prensa de Iruñea intervino Ramón López Cid, altsasuarra, que será uno de los trece jóvenes que tendrán que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional entre el 9 y el 17 de diciembre. Al igual que hizo Izaskun Goñi en euskara, destacó que hay todo un engranaje que mueve esa rueda represiva. Primero se detiene a personas con una actividad perfectamente pública, luego se les incomunica para buscar pruebas, a veces tras denegarse las peticiones voluntarias de comparecer ante la Audiencia Nacional (lo hizo Grande-Marlaska en su día). Más tarde se les aplica una interminable prisión preventiva (Ainara Calvo fue exculpada tras casi cuatro años así). Si al final quedan absueltos, «nadie se responsabiliza». Y la «propaganda de guerra» hace el resto: «No hay crítica periodística, muchos medios son meras correas de transmisión de las tesis gubernamentales», denunciaron.

No son casos aislados. Recordaron que en estas «detenciones preventivas» fueron capturados nada menos que 116 jóvenes en siete redadas, que 70 de ellos acabaron en prisión, que hubo 35 denuncias de torturas, que 103 han sido procesados y que ha habido que pagar 1.057.000 euros en fianzas para que recuperaran la libertad. Ahora, en este último juicio, se solicitan penas de diez años de cárcel. Y todo por un «por si acaso».

Los participantes en esta dinámica de respuesta -jóvenes, padres, madres, abuelos...- lo tienen claro: «Estas operaciones son un ataque a toda Euskal Herria, a través del sector más combativo, que es la juventud. Nos comprometemos a crear un gran muro represivo», afirmaron. Para ello han puesto una fecha y una hora concreta: el 12 de diciembre sábado, a las 17.00, en la Estación de Autobuses de Iruñea. El lema, ``Torturarik ez, epaiketa politikorik ez, sí al posible desarrollo de todos los proyectos políticos''.