El caso del guardia civil Salvador Menéndez ha hecho recordar a muchos el famoso episodio de Bartolomé Rubia Muñoz, Bartolín. El 28 de mayo de 1998, este concejal del PP en La Carolina (Jaén) denunció en la comisaría de Irun que había sido secuestrado por ETA y había logra- do huir. Rubia pasó pronto de héroe a villano, porque todo era mentira. Fue condenado a una multa de 270.000 pesetas. Pero habría más bartolines.

Ocho años después, le emularía un sargento del Ejército destinado en Loiola. M.R.V. denunció que había sido atacado en un camino rural por un miembro de ETA que le disparó a bocajarro. Los investigadores concluyeron que el militar se había autolesionado. Pero para entonces, como el domingo, ya ha- bían llovido las condenas.

El caso de M.R.V. no tuvo efectos judiciales, al igual que ocurrió con el supuesto secuestro del columnista José Luis Martín Prieto. Fue en octubre de 1996. Poco después de que Interior lo declarara amenazado por ETA y le pusiera escolta, su esposa denunció su desaparición y la noticia corrió como la pólvora. Pero tampoco. Martín Prieto de- nunció que subyacía un intento de implicarle «en un lío de faldas». Y el juez archivó el caso por ser «un asunto personal».

En todos estos y otros casos hay un denominador común: el evidente afán de partidos y medios en señalar a ETA. Así ocurrió inicialmente con la macabra explosión de un cochecito de juguete hallado en un bar de Donostia, que costó la vida a una mujer (2001), o tras el tiroteo entre guardias civiles y un escolta que murió en Larratxo (2002) o tras el enfrentamiento de un guardaespaldas del PP y un vigilante de la estación de Abando (2008). Por no citar, claro está, el intento de achacar a ETA la matanza del 11-M.

Estos intentos, por cierto, abundan más en momentos de expectativas. Nunca se aclaró, por ejemplo, la quema de la ferretería del hoy alcalde de Barañain por UPN, en abril de 2006.