Escocia avanza irremisiblemente hacia un referéndum sobre su soberanía y su relación con Gran Bretaña. La presentación hecha ayer por el Gobierno de Edimburgo de un documento titulado «Vuestra Escocia, vuestro voto» sobre el futuro constitucional del país es un nuevo paso en ese proyecto. El presidente escocés, Alex Salmond, resumió así el momento político: «el debate en la política escocesa ya no es entre cambio o no cambio, es sobre el tipo de cambio que buscamos y el derecho de la gente a elegir su futuro en un referéndum libre y justo».

Sin embargo, una reciente encuesta muestra que tan solo un 20% del electorado escocés apuesta decididamente a día de hoy por la independencia. Entonces, ¿por qué Alex Salmond, que ve claramente cómo una gran parte de su pueblo no apuesta con la misma fuerza que él, su partido y su Gobierno por la opción independentista, se empeña en seguir adelante con un proceso de autodeterminación? ¿Acaso no está adquiriendo un riesgo excesivo al posibilitar una consulta en la que la respuesta popular pudiera ser negativa para su proyecto político? La respuesta es evidente: el SNP tiene un proyecto estratégico definido e ilusionante que ofrecer a su sociedad. Todo paso en ese camino será un avance.

Pero, además, esa misma encuesta muestra que una amplia mayoría de los escoceses (más del 50% frente a un 20%) está a favor de consultar a la ciudadanía al respecto. Los bloques políticos conformados en Escocia por independentistas, autonomistas y unionistas no determinan la posición de los ciudadanos que se incluyen en cada uno de esos bloques frente a la autodeterminación. A excepción de una minoría unionista que teme que «autodeterminación» e «independencia» sean sinónimos, el resto de ciudadanos diferencian claramente el derecho democrático a decidir su futuro de su voto particular. Es decir, consideran la autodeterminación como un rasgo de un sistema democrático y la independencia un proyecto político cuya viabilidad debe estar garantizada en igualdad de condiciones dentro de ese sistema. Algo básico que, desde un punto de vista democrático, sirve por igual para islas y para penínsulas.