El día 7 de diciembre se cumplen treinta años de la huelga general que ELA, junto con CCOO, convocó en Hego Euskal Herria, contra el Estatuto de los Trabajadores. Fue la primera huelga general que ELA convocó tras el franquismo y logró una respuesta excelente, con un nivel de paro muy generalizado.

En su génesis, el Estatuto abordó básicamente tres capítulos: los derechos individuales, los derechos de representación sindical y la negociación colectiva. Salvo algún borrador inicial, prontamente se percibió con mucha nitidez la voluntad del estado de restringir derechos individuales y de centralizar la negociación colectiva, dando prevalencia absoluta a los convenios de ámbito estatal. Entonces, como hoy, apostábamos por un modelo de negociación colectiva que permitiera la elección del ámbito y los contenidos, sin otorgar esa prevalencia al ámbito estatal. Y constatamos que ni el Gobierno español ni la patronal y UGT tenían voluntad de dar salida a la distinta realidad sindical vasca que se estaba configurando. A pesar de todo, el Estatuto sería aprobado en marzo de 1980.

El deterioro de derechos individuales en el Estatuto de los Trabajadores no hizo más que empezar. Sucesivos gobiernos y reformas han ido degradando aún más el corpus normativo de aquel inicial Estatuto, haciéndolo mucho más precario; ése ha sido el modelo laboral español. Se ha debilitado el carácter protector propio de la legislación laboral, cuya vocación debería ser la defensa de la parte más débil de la relación laboral: la persona asalariada. Las sucesivas reformas, muchas acordadas en el «diálogo social» establecido entre Gobierno, patronal y sindicatos españoles, propiciaron pactos y reformas labores -hasta siete reformas en este período- que indefectiblemente han venido a dar cobertura a una mayor desregulación del mercado de trabajo y a una enorme merma de derechos de trabajadores y trabajadoras. Cabe afirmar, sin riesgo a equivocarse, que se ha avanzado en la precarización del mundo de trabajo para beneficio patronal.

Se generalizan las modalidades de contratación temporal, pervirtiendo la «causalidad» de la temporalidad y proliferan los contratos temporales para puestos de trabajo permanentes; se minoran las prestaciones por desempleo, tanto en cuantía como en duración; se facilita el despido objetivo, por causas económicas, tecnológicas, organizativas o de producción; se legalizan las empresas de trabajo temporal; se reduce el coste del despido; se bonifica ampliamente a los empresarios por contratar; desaparecen los salarios de tramitación... y un sinfín de medidas encauzadas todas en la misma dirección.

No contentos con todo ello, y a mayor beneficio de los intereses patronales, hoy se vierten nuevas amenazas sobre el ya maltrecho mercado de trabajo, todo ello apelando a la responsabilidad social de los interlocutores en otro nuevo escenario de «diálogo social». En este contexto se anuncian nuevas reformas laborales. Dicen querer acabar con la que denominan «dualidad contractual» (fijos y eventuales) como si la fractura social que ellos han provocado (paro, precariedad, exclusión...) tuviese su origen en esa «limitada dualidad»; se anuncia la entrada de las ETTs en las administraciones públicas y sectores de alto riesgo; se formula la reforma de la negociación colectiva para limitar las negociaciones en ámbitos inferiores; se pretende facilitar las cláusulas de inaplicabilidad y descuelgue de los convenios; persiguen la desaparición de la ultraactividad; se predican rebajas en las cotizaciones a la seguridad social por parte de los empresarios; se augura una nueva reforma-recorte del sistema de pensiones; y otro largo elenco de medidas con el mismo horizonte.

No se han conformado con eso... Zapatero ya nos anuncia una Ley Institucional que pretende garantizar la presencia institucional de los habituales interlocutores y también la financiación de los sindicatos. Representantes sindicales vienen afirmando que los objetivos de las reformas pueden ser diversos, entre ellos el de la negociación colectiva. Y es que pretenden condicionar, limitar e impedir el derecho a la negociación colectiva. Patronal y sindicatos españoles han querido que sean los convenios estatales los que regulen, de manera cerrada, los contenidos de los ámbitos inferiores, pretendiendo impedir articulaciones propias. A la patronal le viene muy bien el ámbito estatal para pretender neutralizar las dinámicas sectoriales y de empresa con capacidad de reivindicación con el objeto de lograr salarios muy bajos. Los ejemplos del convenio de grandes almacenes o de Sabeco, entre otros, son muestra palpable de ello. Logra así imponer lo allí regulado a otros ámbitos en los que carece de representación mayoritaria. Los sindicatos, por su parte, buscan en la aceptación de estos marcos un «reconocimiento» que no tienen en los ámbitos inferiores. Es una forma más de verticalismo sindical.

Esos objetivos sirven para evidenciar una grave carencia. Nuestro país no tiene competencias sobre la legislación laboral. Y el «diálogo social» que legitima los ajustes en minoría, pretende extender con el apoyo de la ley ese modelo profundamente centralista y uniformizador. La patronal ya ha diseñado su modelo de salida a la crisis con el objeto de recuperar y mejorar sus beneficios. Es un modelo nada novedoso y que se soporta en la desregulación del mercado laboral y el chantaje a las condiciones de trabajo. Para hacerle frente en ELA sabemos que el problema se centra en el modelo sindical de intervención: la opción por un modelo de lucha y confrontación o la aceptación a participar de un diálogo vacío de contenidos y que obliga al sindicalismo a renunciar a su función más genuina a cambio de prebendas otorgadas. ELA ya ha hecho opción consecuente por el primer modelo. Y no podemos olvidar que, como hace treinta años, el sindicalismo es una cuestión de correlación de fuerzas.