La secretaria de Estado para las Personas Mayores, Nora Berra, apuntó ayer con el dedo la mala coordinación entre el Consejo General y la DDASS (Dirección Departamental de Asuntos Sociales y Sanitarios) en el caso de maltratos en la residencia de ancianos Les Colombes de Baiona. Serra declaró que se trataba de una «mala coordinación» entre las instituciones públicas, e incluso habló de «presunción de negligencia».

El pasado octubre se dieron a conocer los actos de maltrato hacia los ancianos que ocurrían en la residencia de ancianos Les Colombes, presuntamente de mano de su directora gerente. Berra afirmó que el caso era conocido por las instituciones y que una inspección estaba prevista desde comienzos del 2009. Es por ello que ha mostrado la intención de convocar a la directora de la DDASS de los Pirineos Atlánticos.

Ante estas declaraciones los trabajadores de los servicios sociales publicaron un comunicado en el que afirman sentirse «indignados e incomprendidos». Denunciaron haber sido informados de la citación de su directora por la prensa, y califican el tono y los argumentos utilizados de «inaceptables». Los trabajadores también mostraron su apoyo a la directora de la DDASS.

200 centros en el Estado

La directora de la residencia de ancianos Les Colombes de Baiona fue acusada de maltrato hacia los ancianos el pasado 9 de octubre. El hecho levantó revuelo dada la falta de plazas y de control existente en dichos establecimientos. La secretaria de Estado pidió que se abriesen investigaciones en todo el territorio. Esta semana declaró que las inspecciones han mostrado que en el Estado «más de doscientos centros funcionan con irregularidades, lo cual significa que muchos de nuestros ancianos están en riesgo».

Nora Berra ha amenazado con cerrar estos centros que funcionan «irregularmente» y ha anunciado disposiciones para luchar contra el maltrato, pero sin establecer nuevos medios financieros. Esta última declaración ha sido condenada por los profesionales.

En total existen alrededor de 10.000 residencias en todo el Estado, de las cuales la mayoría son establecimientos privados que han firmado una convención, como es el caso de ésta de Baiona.