Pablo RUIZ DE ARETXABALETA I

El diputado general de Bizkaia ha sido el encargado de lanzar el primer globo sonda sobre la creación de un nuevo impuesto para compensar la caída de la recaudación de las diputaciones. No ha planteado una ley ni un plan concreto, pero sí ha agitado el panorama para plantear el debate. En su propuesta, José Luis Bilbao ha utilizado el aumento del gasto social en los últimos años y la previsión de que siga haciéndolo como el problema al que hay que hacer frente, precisamente en un momento en el que las prestaciones sociales se presentan más necesarias ante los problemas que muchas familias sufren como consecuencia de la crisis. «El crecimiento imparable de las necesidades y demandas de servicios sociales nos obliga a plantear públicamente la imposibilidad de mantener en el futuro el actual nivel de prestaciones si no se toman medidas», comentó el dirigente jeltzale.

El diputado quiere que las instituciones acuerden la constitución de un fondo común, al margen de sus respectivos presupuestos ordinarios o complementario a ellos, para hacer frente al incremento del gasto en atención a personas mayores y en la renta básica. Este fondo se financiaría con nuevos impuestos, un recargo sobre los tributos actuales o una nueva cotización del tipo de la actual para las pensiones. Lo máximo que llegó a concretar fue la idea de incluir el copago de la asistencia residencial por parte de las personas mayores beneficiarias del servicio, aunque para el diputado general de Bizkaia esto sería una «condición necesaria pero no suficiente» si no se generan más recursos públicos.

Opinión compartida

José Luis Bilbao aseguró que su reflexión sobre este asunto es compartida por las diputaciones de Araba y Gipuzkoa, también dirigidas por el PNV. El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, no lo ha desmentido pero prefiere debatirlo con más discreción y no a través de los medios de comunicación, porque se trata de un «tema muy sensible». A su juicio, resulta más conveniente realizar antes un trabajo «de cocina muy importante» a nivel «político e institucional» para, posteriormente, trasladar a la sociedad la diferentes posiciones.

Lo curioso de la propuesta para conseguir más recursos es que llega al poco tiempo de que las propias diputaciones se hayan encargado de eliminar algunos impuestos y de rebajar otros. Es decir, después de haber recortado sus ingresos se plantean cómo aumentarlos.

De hecho, el Impuesto sobre el Patrimonio, eliminado del panorama fiscal vasco, ha hecho que las haciendas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa dejen de recaudar 250 millones de euros, según indica el catedrático y director del Departamento de Hacienda Pública de la UPV, Ignacio Zubiri.

Zubiri opina que éste «es un impuesto necesario y debe restituirse», aunque mejor diseñado, y subraya que sus destinatarios eran sobre todo los contribuyentes más ricos: «El 90% de los declarantes de este impuesto tenían un patrimonio superior a los 600.000 euros, sin contar su vivienda».

De la misma forma, el profesor de Economía de la UPV-EHU Joseba Garmendia considera una actitud «hipócrita» que las diputaciones hayan eliminado «precisamente un impuesto que pagan los más ricos y quienes tienen rentas mas altas» y, ahora, «de repente hagan un planteamiento como éste».

A ello hay que añadir, por ejemplo, el empeño de las instituciones en reducir el Impuesto de Sociedades, un tributo que grava los beneficios empresariales y que se ha visto reducido en la CAV al 28% para las grandes empresas, lo que lo sitúa dos puntos por debajo del Estado español y 6,4 por debajo del Estado francés. No obstante, el tipo real que pagan las empresas en estos tres territorios vascos es mucho más bajo, ya que se encuentra en torno al 17%. El profesor Zubiri calcula que las deducciones y exenciones del impuesto costaron a las haciendas 700 millones de euros en 2007.

Y en el IRPF también se deja escapar dinero de las rentas más altas. En este sentido, Garmendia subraya «el enorme desequilibrio según la renta provenga del trabajo o del capital», ya que a éstas se les aplica un impuesto más bajo en cuanto que no es progresivo. «En las rentas de trabajo no se paga lo mismo si se gana 20.000, 50.000 o 100.000 euros. Cuanto mayor renta se gana se aplica un tipo mayor. En cambio, en las rentas de capitales se paga exactamente lo mismo se gane 10.000, 20.000, 100.000 o un millón de euros. El tipo impositivo se mantiene igual, no es progresivo», explica Garmendia, que apuesta por hacer la tasa sobre la renta de capital progresiva.

Como consecuencia de este análisis, sostiene que no hay necesidad de inventar nuevos impuestos. «Sólo habría que volver a poner uno que ha desaparecido, como el Impuesto de Patrimonio, y asegurar la progresividad de todo el sistema. Al fin y al cabo, se ha perdido progresividad en el IRPF. La presión fiscal debería dirigirse a esos rentistas».

La presión fiscal, en general, en Hego Euskal Herria se encuentra en el 33,4% del PIB, frente al 39,8% en la media de la Unión Europea. Con una presión fiscal similar a la comunitaria, se recaudarían una media de 5.460 millones de euros más al año.

Garmendia se muestra de acuerdo en que esa brecha muestra que la presión fiscal debe subir, pero advierte de que «el principal problema es cómo se sube. Lo que no se puede hacer en este momento -añade- es aumentar esa presión sobre los trabajadores. Y tampoco es conveniente aumentar esa presión sobre las rentas productivas». Entonces, ¿dónde se puede aumentar? «Sobre todo, habría que dirigir la presión fiscal a los muy ricos, a las rentas altas o muy altas, como está haciendo Obama en EEUU», responde.

Cambios en el IVA

Garmendia recuerda que el Estado español va a subir los impuestos este año, y que su propuesta es elevar el tipo que grava las rentas de capital del 18% al 20%, pero advierte de que, aún así, no se equipara con la progresividad de otros impuestos. Y Madrid también se plantea subir el IVA. «Justo lo que se está haciendo con esas reformas es quitar progresividad a todo el sistema, porque la presión va en un impuesto proporcional, no progresivo, como el IVA. Eso es perjudicial porque, al fin y al cabo, afecta al consumo. Acarrearía una subida de precios y bajaría el consumo», critica

«No sé cuál es la intención de Bilbao, pero si se trata de hacer otro impuesto para los trabajadores, primero habría que aumentar la progresividad que han quitado en los últimos veinte años al sistema», insiste.

A estos recursos que las haciendas dejan de recaudar de forma voluntaria habría que añadir lo que se escapa a través del fraude por falta de control, cifra que, según Ignacio Zubiri, podría ascender a 10.000 millones de euros en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Para defender su idea de un nuevo impuesto, el diputado general de Bizkaia argumentó que «nuestro sistema actual de recaudación y de recursos tributarios no va a dar de sí en el futuro para mantener este sistema de prestaciones sociales». No obstante, Bilbao salva de este «riesgo» al nuevo Guggenheim proyectado en Urdaibai -con una estimación de cien millones de euros a cargo de la Diputación y otro tanto por parte de Lakua- el Tren de Alta Velocidad o el nuevo campo de fútbol de San Mamés, cuyo coste se calcula en 160 millones. Proyectos que se colocan a la cabeza de las prioridades de la Diputación vizcaina mientras no se encuentran fondos para cubrir el gasto social.