Lo hemos hablado muchas veces: hubo un tiempo no tan lejano, lo vivimos, en que la descodificación del mensaje oficial en nuestro país consistía en un sencillo ejercicio de cotidianidad. Simple cuestión de bajar el volumen del telediario y asomarse a la ventana. La calle reflejaba siempre y sistemáticamente una realidad totalmente alejada de los platós del nuevo-viejo orden y de aquellos mensajes, mentiras o silencios programados que llegaban, hoy sí y mañana también, desde las parrillas de Madrid. Luego vendrían los disparos al aire y los plebiscitos, la desmemoria y aquellas historias cotidianas (de día uniformadas, de noche incontroladas) que fueron fraguando la triste realidad, también mediática, del presente. La llamada «Transición española» encontró así en una prensa, radio y televisión progresivamente entregadas a los parabienes del consenso y el «orden social» (sustancialmente remunerados) la mejor herramienta para la manipulación de conciencias y voluntades.

Inmersa en la tradición de los textos constitucionales de su entorno socio-político, la llamada Carta Magna del Estado español actualmente vigente (1978) establece un marco de derechos (y suspensiones) para el ejercicio de la libertad de expresión, de prensa o de opinión. Bajo la supuesta aquiescencia de este entramado legal, a lo largo de sus más de tres décadas de vigencia se ha procesado y encarcelado a periodistas, clausurado diarios y emisoras radiofónicas, secuestrado revistas, censurado artículos o portadas, prohibido y/o reprimido actos y manifestaciones... Paralelamente, se ha ido potenciando un modelo comunicativo basado en la concentración multimedia y en un particular oligopolio de oferta sustentado en intereses ideológicos y mercantiles como dos caras de la misma moneda. La libertad de prensa, manifestación específica del derecho general a la libertad de expresión se convertía así también en el Estado español, al menos nominalmente, en un requisito fundamental para la obtención del plácet democrático superándose de esta forma cuatro décadas de restricciones y prohibiciones en el ámbito de la comunicación, reguladas en primera instancia por el decreto de 22 de marzo de 1938, posteriormente por el supuesto intento «aperturista» de la llamada Ley Fraga del 18 de marzo de 1966 y, tras la muerte de Francisco Franco, por el decreto-ley de 1 de abril de 1977 que seguía, eso sí, estableciendo el papel activo de las Fuerzas Armadas como factor condicionante de la libertad de expresión.

¿Quiénes fueron los protagonistas de este particular «salto hacia delante de adecuación democrática»? En la mayoría de los casos, personas provenientes del régimen anterior (1939-1975). Porque, conviene no olvidarlo, el franquismo ha tenido una continuidad directa y sin traumas para sus principales protagonistas. En muy diversas esferas. Jamás hubo petición de responsabilidades en el ámbito represivo-policial. Pero tampoco en la judicatura, en la Iglesia, en la clase política, en la banca, en el ejército, en el mundo empresarial... ni, por supuesto, en el periodismo. El lento trasvase inicial de los grandes dueños de las industrias de comunicación a la nueva realidad vendría acompañado posteriormente por una reconversión ideológica en la que la democracia representativa quedaba categorizada como el gran tótem referencial para buena parte de los que habían jurado fidelidad eterna a «los principios del Movimiento». Acompañados en su travesía en muchos casos por nuevos profesionales «de orden» y gracias a este intransferible aggiornamento, la nueva «sociedad del espectáculo» ha ido estableciendo un manual de usos y costumbres, convertido en el verdadero «libro de estilo constitucional».

En este contexto, la criminalización de la disidencia y/o la transgresión de los principios artificialmente establecidos a lo largo de estos años ha encontrado un paradigma excepcional en el tratamiento del llamado «problema vasco». No es cuestión de extendernos en este artículo sobre un tema que llevaría mucho tiempo y sobre el que ya existen, además, trabajos realmente excepcionales. Pero sí es conveniente señalar que, a lo largo de estas tres largas décadas de ordenamiento constitucional español, ha sido constante una política de manipulación y tergiversación (con mayor o menor intensidad en función de las coyunturas puntuales) que, más allá del rechazo a la insurgencia armada como método de acción política, ha establecido unos mecanismos perversos de criminalización extendidos a amplios sectores de la sociedad vasca cuyo principal «déficit democrático» es la negación del marco establecido (recordemos que nunca refrendado por la Euskal Herria peninsular) o las propuestas de otros mecanismos esencialmente democráticos (y ahora sí, sin entrecomillar) de articulación social y política.

A finales de 1975, los vascos y vascas de Hegoalde contábamos con una prensa diaria cuya maquinaria de adaptación a los nuevos tiempos no estaba precisamente muy engrasada. Periódicos ultraconservadores y antinacionalistas como «El Correo Español-El Pueblo Vasco», «El Diario Vasco», «La Gaceta del Norte», «La Voz de España», «Diario de Navarra», «El Pensamiento Navarro», «Norte Express», «Hierro», «Unidad» o las «Hoja de Lunes» de Bilbo y de Donostia eran los encargados de difundir, con mayor o menor pasión pero sin fisuras, la doctrina político-social del Régimen. Manteniendo una línea de continuidad con la prensa española de la época, el proceso de mutaciones iría propiciando cierres empresariales o reorientaciones editoriales con desigual éxito entre los lectores. La aparición, a partir de 1977, de diarios que respondían a intereses de nuevos sectores sociales e ideológicos o a realidades culturales hasta entonces imposibilitadas de participar en el tablero de la opinión publicada («Deia», «Egin», «Euskaldunon Egunkaria», «Gaur Express», «Tribuna Vasca», «Navarra hoy», «Gara», «Berria», «Diario de Noticias»...) va a representar, con distinta fortuna, un intento de propiciar un periodismo más cercano a la realidad inmediata desde lecturas identificadas con los postulados de los grupos editoriales propietarios de los medios. En el caso de los rotativos con una vinculación más directa con los movimientos sociales, culturales o ideológicamente contrarios al ordenamiento constitucional impuesto, la censura, la represión, el enjuiciamiento o incluso el asesinato de periodistas o el cierre de sus instalaciones, marcan su historia a partir de 1980.

Paralelamente, los principales grupos de comunicación del Estado lanzan ediciones locales de sus periódicos más influyentes («El País», «El Mundo») tratando de insertar su línea editorial en la cotidianidad vasca, obteniendo discretos resultados.

En el universo de las revistas de información general, política y social, el balance es más desolador. Tras un primer impulso editorial con diversidad de cabeceras, algunas de ellas publicadas incluso en las últimas décadas del régimen anterior («Punto y Hora», «Zeruko Argia», «Anaitasuna», «Ere», «Berria», «Garaia», «Herria 2000 Eliza», «Larrun»...), las presiones económicas y políticas, además de la transformación sociológica de los hábitos, ha motivado la práctica desaparición de este formato de información propia en nuestros kioskos.

En el mundo de las ondas, los largos años de oscuridad, boletines de noticias controlados por el Movimiento, radionovelas y publicidad teatralizada (contrarrestados por muchos ciudadanas y ciudadanos vascos con la escucha clandestina de emisoras como La Pirenaica, BBC o Radio París) darán paso a la aparición de emisoras locales (¿Quién no recuerda, por ejemplo, aquellos servicios informativos de la red Herri Irratia?) o a la apertura de delegaciones de los grupos radiofónicos estatales que incluso, como el caso de la Ser, emitirán durante muchos años, tras la muerte de Franco, noticieros en cadena en las cuatro capitales vascas de Hegoalde... Gradualmente las programaciones generalistas van quedando absolutamente hipotecadas a la publicidad, la defensa de los intereses corporativos del grupo multimedia propietario, la banalización de los contenidos o la proliferación de «nuevos» formatos especializados en muchos casos en la instauración de un auténtico estado de excepción informativo, como es el caso de las tertulias. La represión volverá a ser la tónica que caracterice la respuesta institucional frente a emisoras más críticas con el ordenamiento vigente, bien sean las vinculadas a colectivos de comunicación ya existentes o bien las surgidas desde los movimientos sociales y alternativos, articuladas en el colectivo de radios libres.

Mención especial merece en este contexto la aparición en 1982 del ente público Radio Televisión Vasca-Euskal Irrati Telebista, de acuerdo al decreto nº 157 del Gobierno autonómico. A lo largo de estas décadas y salvo contadas y honrosas excepciones, la labor de este holding de televisión y radio públicas ha contribuido abiertamente a la defensa de los postulados del Partido Nacionalista Vasco, fuerza con el control del poder político en la Comunidad Autónoma (Araba, Gipuzkoa, Bizkaia) desde la constitución de las nuevas instituciones emanadas del Estatuto de Gernika de 1979 hasta 2009. Muy lejos de la verdadera acepción de «radiotelevisión pública» abierta a la pluralidad social y a una defensa de la información crítica, heterogénea y verdaderamente democrática, el grupo EITB (muy especialmente ETB2 y Radio Euskadi, los «buques-insignia» del ente) ha venido mostrando en estos años una manifiesta hipoteca tanto a la defensa de los intereses del partido en el poder como a la cuenta de resultados económicos, lo que propiciaba en su última etapa una programación mimetizadora de buena parte de los modelos comunicativos estatales menos abiertos al libre flujo de información de acuerdo a la verdadera pluralidad social. Y todo ello, además, sin conseguir alcanzar, en absoluto, entre su universo potencial de audiencia (pese a una permanente autopromoción a todas luces engañosa) los niveles de seguimiento de las cadenas españolas de radio y televisión.

Es pronto todavía para establecer una valoración sosegada del nuevo giro del ente público en función de la incorporación al Gobierno de Gasteiz del binomio PSOE-PP (2009), reflejo de la «particularidad vasca». Con todo, los primeros meses del nuevo equipo director no llaman precisamente al optimismo o al libre flujo de ideas y opiniones de la pluralidad social vasca. Una muestra más de cómo la radiotelevisión pública queda absolutamente hipotecada, tristemente, a los designios e intereses de los partidos políticos y no de la ciudadanía.

En resumen, los medios de comunicación del sur de Euskal Herria (la situación en el norte de nuestro país refleja una realidad netamente distinta), junto a los lógicos cambios y transformaciones sociológicas acaecidos en estas últimas tres décadas, han interiorizado en buena medida los postulados emanados del nuevo ordenamiento político institucional español, además de quedar supeditados a la mercantilización de la comunicación. Los media disidentes, mientras tanto, han sido criminalizados, ignorados o minimizados desde la hegemonía de unos grupos empresariales de comunicación que manipulan abiertamente conciencias y voluntades sin ningún tipo de restricción ni control público o social.

Estamos ya a finales de la primera década del nuevo siglo. De una forma u otra, los periodistas del pasado (inmaculadamente adscritos a los nuevos tiempos) y sus discípulos aventajados de las redacciones (más cornadas da la nómina) han ido elaborando a lo largo de estos más de treinta años un universo propio de esta Euskal Herria abrupta y sin domesticar, fraguando doctrinas, lecturas y opiniones adecuadamente revisadas que, por ejemplo, han trasmutado en el imaginario popular del Estado español (y muy especialmente entre los restos del naufragio de la izquierda) al «rebelde hermano vasco» en el Quinto Jinete del Apocalipsis.

Ante este mera constatación empírica surge una pregunta necesaria: ¿Es posible en el sur de Euskal Herria y en el Estado español un replanteamiento del periodismo que contribuya, desde las propias Facultades, a la aparición de una nueva generación de profesionales fraguada en el espíritu libre, la crítica con rigor o la independencia de criterios? La verdad es que, observando el panorama actual, es francamente difícil. Todos sabemos que, como señalaba anteriormente, el ambiente en las redacciones y la hipoteca a las retribuciones mensuales contribuyen tanto al guión deontológico y a la autocensura como los consejos de administración y su ética particular. Como consecuencia, una cuestión derivada: ¿Nos podemos imaginar, por ejemplo, a un joven e inquieto-a periodista de investigación elaborar un reportaje en profundidad en cualquiera de los grandes grupos multimedia del Estado sobre las «otras víctimas» de este doloroso conflicto? ¿O sobre el largo y permanente silencio que ha acompañado la práctica siempre mantenida de la tortura en comisarías y cuarteles? ¿O, quizás, un trabajo en torno a los verdaderos intereses ocultos que subyacen en la negativa mantenida a que las ciudadanas y ciudadanos navarros puedan optar libre y democráticamente por elegir su marco de relaciones con el Estado español después de ser sometidos a un «ordenamiento autonómico-foral» sobre el que nunca pudieron expresarse directamente? ¿O, fin de las sugerencias, un reportaje de acercamiento libre y sin prejuicios a la ciudadanía vasca para que exponga, por encima de silencios culturales, su opinión sobre las razones de su irredento «espíritu diferenciador»? Tristemente y al menos por el momento, la respuesta en todos los casos es evidente. Ésa es la realidad del nuevo poder informativo en el Estado español, treinta y un años después de la implantación del modelo constitucional de 1978.

Con todo, conviene imaginar, es necesario, que también en el microcosmos de la comunicación otro mundo es posible. Que son muchas las personas que están dispuestas a hacer retornar esta profesión tan loable en sus principios a un necesario espíritu libre, a la crítica con rigor o a la independencia de criterio por encima de presiones, intereses ocultos o mercantilizaciones de la realidad.