El antiguo adagio latino «si quieres la paz, prepara la guerra», derivado del libro de estrategia militar de Flavio Vegecio (s. IV), fue bien asimilado por imperios y estados. En nuestros tiempos sigue en plena vigencia. El último ejemplo nos lo ha proporcionado Barack Obama quien, aliado con la OTAN, envía a Afganistán numerosos contingentes militares para derrotar a su oculto enemigo. Con la convicción de que su poderoso ejército acabará imponiendo su paz. Además, se presenta como el modelo de todas las estrategias de los países poderosos para el orden mundial y estatal.

Sin embargo, la hegemonía política y globalización de la violencia y de la guerra continúan generando conculcaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional lo viene denunciando en múltiples contextos. Aminatu Haidar, como mujer saharui -a quien expreso toda mi solidaridad-, los está defendiendo para su pueblo hasta el límite de su vida. Y la necesaria y urgente paz ecológica que estos días se debate en Copenhague será imposible desde presupuestos estratégicos que basan la seguridad en el armamento.

El Estado español y su Gobierno siguen ese mismo método y lo aplican con contundencia para lograr la paz interior ante el conflicto vasco. Con todos los medios policiales, sociales, mediáticos a su alcance, siempre «dentro de la ley». Esta maquinaria estratégica funciona en coalición con el Estado francés, puesto que comparten la misma ideología en sus objetivos policiales y políticos ante el enemigo común: si quieres la paz, elimina a ETA. La única alternativa válida es su condena y supresión militar e ideológica. En esta lucha, las redadas, detenciones, incomunicaciones, donde la tortura es denunciada ante los jueces por las personas detenidas, son medios habituales, contra todo lo que entra en la sospecha policial y judicial como entorno terrorista. Y, una vez más, se ha mostrado en estos días pasados con las últimas detenciones de jóvenes y con el sufrimiento de sus familiares y amigos y amigas, que han vivido una angustiosa incertidumbre ante su situación y paradero.

¿Hay en estos procedimientos una intencionalidad de paz basada en los derechos humanos? ¿O acaso se trata de mantener un determinado e impuesto orden político ante el que los sectores populares que se resisten a aceptarlo deben ser anulados? Las últimas actuaciones policiales de estos meses así parecen confirmarlo. Cuando precisamente la izquierda abertzale propone un «proceso democrático en ausencia total de violencia», la represión se recrudece. Entonces surge la sospecha de que ETA no es objetivo preferencial, sino que lo que se pretende es anular la capacidad de sectores cada vez más extendidos para iniciar un proceso de soberanía e independencia con medios exclusivamente democráticos, silenciando sobre todo a gente joven que desean un cambio de sociedad.

Sin embargo, el deseo y la acción para que el llamado ciclo del enfrentamiento armado quede superado es ya un convencimiento asumido por la mayoría, también en la izquierda abertzale. Pero subrayando que lograr la paz va más allá del final de toda actividad violenta.

La resolución del conflicto vasco con los estados español y francés requiere medios estrictamente democráticos y éticos, es decir, la realización de todos los derechos humanos individuales y colectivos, por ambas partes. De lo contrario no se prepara la paz, sino la permanencia de un largo conflicto con el dolor de tantas víctimas.

Por otro lado, y contra la presión y distorsión políticas para que la ciudadanía asuma con «normalidad» que contra ETA todo vale, es necesario desarrollar una conciencia social crítica que asuma el paradigma de la democracia plena. Una nueva pedagogía, no de la sumisión y del pensamiento único ante el conflicto, sino de libertad de expresión y acción sociales, culturales, políticas. Para ello, el compromiso de todos los agentes sociopolíticos es más urgente que nunca a fin de crear un clima nuevo de opinión ante el estancamiento de la ciudadanía.

Esta nueva pedagogía debe partir del convencimiento de que si queremos la paz es necesario preparar la realización íntegra de la justicia con las personas y los pueblos -en nuestro caso, con Euskal Herria- desde el respeto de todos los derechos humanos, por medio de procesos plenamente democráticos, sin exclusiones. Y, evidentemente, con medios también democráticos, sin violencias de ningún género.

En este amplio compromiso social, pienso que la Iglesia vasca debe implicarse a fondo, ya que está en juego la defensa y realización de derechos humanos fundamentales para la convivencia y la paz. Lo ha hecho en determinadas ocasiones, por ejemplo en su carta pastoral «Preparar la paz» (2002) ante la «descompensación del binomio seguridad-derechos humanos» y expresando su preocupación al escuchar voces autorizadas que denunciaban su conculcación en el Estado; también en declaraciones más recientes contra la tortura de J. M. Uriarte, obispo de Donostia. Hoy nos encontramos en un momento también crucial, como lo han advertido varios grupos cristianos en un escrito pidiendo el compromiso de toda la comunidad cristiana. Sin embargo, y en mi opinión, nuestra Iglesia vasca en su conjunto se ha debilitado ante aquellos compromisos ético-políticos. Por otra parte, los últimos y preocupantes nombramientos episcopales para Euskal Herria, promovidos por la Conferencia Episcopal Española y ejecutados por el Vaticano, buscan alinearla en planteamientos dictados por quienes los han colocado al frente de sus diócesis.

Las protestas y denuncias de sectores y personas de la base eclesial que sufren ese debilitamiento profético de una Iglesia que no defiende a su pueblo ante las injusticias y conculcación de derechos humanos son acalladas o no son escuchadas. Hace unos días familiares de los y las jóvenes detenidos e incomunicados -cuyas declaraciones de torturas ante el juez se han hecho oír con insistencia- han pedido a nuestros obispos su intervención de denuncia ante la conculcación de los derechos humanos en detenciones e incomunicaciones. ¿Quedará su respuesta en el silencio?

Sea cual fuere su repuesta, sectores y grupos sociales, también cristianos, no dejaremos de insistir y luchar por ir dando pasos hacia la libertad, a fin de abrir un ciclo nuevo de democracia sin ningún tipo de violencia, de diálogo político y social, de participación institucional sin exclusiones.

En definitiva, si queremos la paz, preparemos justicia, defendamos los derechos humanos de personas y pueblos.