Reflexionar o hablar hoy día sobre Francisco Franco y sobre el régimen que éste encabezó durante cuarenta años habría de suponer  inevitablemente echar la vista sobre lo que de ambos -dictador y dictadura- queda en el actual sistema político vigente en el Estado español, máxime cuando hace pocas fechas acabamos de pasar un nuevo 20-N, aniversario de la muerte física del «caudillo», y un 6-D, aniversario de una Constitución que, al menos en teoría, hubiese debido suponer también su muerte política y la progresiva deconstrucción de la herencia de ese régimen.

Si además queremos hacer esta reflexión desde la honestidad y la coherencia para con esa Memoria Histórica Democrática y Antifascista que queremos recuperar y construir, y para con esas víctimas del franquismo cuyos derechos proclamamos y reclamamos, estaremos obligados a referirnos a la votación realizada el pasado día 19 en el Congreso español, en la que se decidió por aplastante mayoría excluir a un sector de dichas víctimas de su derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia. Esta decisión fue adoptada al ser rechazada por 318 votos contra 23 una propuesta que instaba al Gobierno español a reconocer a los familiares de militantes de organizaciones político/militares -EGI Batasuna, MIL, ETA y FRAP-, que fueron muertos o torturados por el régimen franquista, los mismos derechos que al resto de las víctimas de ese régimen, incluido el derecho a la reparación económica.

Somos conscientes de que, al igual que en años anteriores en torno a este 20-N, ha habido concentraciones, manifestaciones o misas de sectores nostálgicos de aquel régimen fascista, pero somos aún más conscientes de que hoy la pervivencia de elementos de aquel régimen encuentra su mayor y más eficiente aliado en determinadas decisiones y leyes tomadas y promulgadas aquí y ahora, en pleno régimen declarado democrático, que en la parafernalia azul. Algo queda de aquel régimen en esa parafernalia, pero a nuestro juicio queda más aún en esa decisión adoptada el pasado día 19 de noviembre.

Esta afirmación es a todo punto real y objetiva, ya que tanto la  decisión como los efectos prácticos que de ella se desprenden  pasan a integrarse en las consideraciones y normativa de la Ley de Memoria Histórica, convirtiéndose en el vehículo a través del cual es la propia democracia actual -el orden jurídico vigente- el que re-asume para un sector no pequeño de víctimas del franquismo unas consideraciones delictivas y penales -«terrorismo»- y unas resoluciones condenatorias dictadas por aquel régimen, asumiendo también la impunidad y el olvido para con esas víctimas y sus familiares, así como la tarea de hacer efectivas dichas consideraciones -impunidad y olvido- en la actualidad. La gravedad de todo ello no se le ha de escapar a nadie, porque supone comenzar a legislar, a crear normas y leyes, contra un sector de las víctimas del régimen franquista privándolas a través de ellas de su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, y en gran medida a través de ello, de su re-criminalización, de su derecho a la memoria.

Ciertamente no nos extraña la actitud de muchos de los que apoyan la exclusión de estas víctimas del franquismo, puesto que tampoco reconocían su lucha en el momento en que la llevaban a cabo al no reconocer el carácter fascista de aquel régimen de «innegable placidez», ya que participaban en uno u otro grado de él... Lo sorprendente y preocupante es la cantidad de cómplices que han encontrado en la actualidad y la determinación que en conjunto ponen para mantener, asentar y ampliar con decisiones como ésta el modelo español de impunidad, el mismo modelo que hasta hoy sigue impidiendo también que otras víctimas del franquismo accedan a la verdad, la justicia y la reparación, como son las víctimas del llamado «tardofranquismo» o los maquis...

Con decisiones como ésta los mismos poderes que argumentan razones de todo tipo para no anular jurídicamente ni una sola condena del franquismo o que son capaces de paralizar iniciativas judiciales como la del juez Baltasar Garzón se muestran capaces de asumir la pervivencia de determinados elementos del régimen franquista al asumir la pervivencia y prolongación de sus consideraciones y sus condenas e incluyéndolas en su Ley de Memoria Histórica. Esto supone apuntalar, remozar y asumir lo que aún pervive del régimen franquista porque, recordemos, un régimen pervive mientras perviven sus consideraciones y sus leyes, y en este caso que nos ocupa también mientras pervive el olvido y el no reconocimiento para sus víctimas.

Al paso que vamos, los únicos antifranquistas «asumibles» o «recordables» serán los que no lucharon contra Franco o los que se arrepintieron a la primera de cambio de haberlo hecho, como es el caso de muchos de los que con votaciones y decisiones como ésta son -han sido y son- la cabeza y la mano del modelo español de impunidad, un modelo que en algunos aspectos comienza a tragarse ya algunos valores y derechos -el derecho a la memoria, a la verdad, a la reparación y a la justicia para todas las víctimas del franquismo entre ellos- que a nuestro entender habrían de ser esenciales para un sistema que se dice democrático.

(*) También firman el artículo los miembros de Ahaztuak 1936-1977 Lander García y Diego Paredes