La izquierda independentista considera que la Diputación vizcaina, así como los ayuntamientos de Galdakao y Larrabetzu, están tolerando un fraude a los promotores del campo de golf de Artxanda, una entidad privada, al permitir que vendan parte de los 51 apartamentos totalmente equipados en que se ha convertido lo que era un hotel.

Han sido los ediles en el Consistorio de Larrabetzu los que, en noviembre, descubrieron la operación, que se inició en octubre de 2008 con la primera enajenación de un apartamento. «El equipo de gobierno que preside el jeltzale Tomás Ordeñana ha tratado de ocultarlo todo este tiempo», denunciaron.

El concejal Juan Manuel Basterretxea incidió ayer en rueda de prensa en que las Normas Subsidiarias impiden el uso de los apartamentos como vivienda particular y, por ello, no disponen de los permisos municipales de habitabilidad. Apuntó que el origen de la operación puede estar en que el hotel tiene una deuda con los diferentes acreedores «de más de 1,2 millones de euros».

Los cuatro edificios de dos alturas que conforman el complejo asociado a la instalación deportiva, según el corporativo larrabetzuarra, se han construido sin atender a que se emplazan en un entorno rural, por lo que el impacto paisajístico es muy importante en la sierra de Ganguren.

Txema Pico, que fue juntero de la izquierda abertzale cuando se gestó el proyecto del campo, aseguró que el «fraude» comenzó cuando la Diputación impulsó la permuta de 538.000 metros cuadrados de terrenos públicos, «de alto valor estratégico natural y agropecuario» en la sierra de Ganguren, para promover un proyecto privado. El ex apoderado recordó que entonces consideraron la operación «una adjudicación directa encubierta a Artxanda Golf, una empresa instrumental de la que nunca hemos sabido quién estaba detrás, no ahora ni antes».

Pico resaltó que la permuta contó con el apoyo de la mayoría de la Cámara vizcaina a pesar de que Artxanda Golf SA aún no era propietaria de los terrenos que ofrecía. «La Diputación y las Juntas Generales justificaron la permuta por el `interés social', que supondría disponer de un club de golf en esos suelos y porque traería enormes beneficios al entorno. Eso -remarcó- no ha sucedido ni en Galdakao ni en Txorierri».

Apoyo institucional y judicial

Una vez materializada la operación, una iniciativa ciudadana llevó el caso a los tribunales. Tras casi dos años de trámites, el juez instructor -destacó Pico- «alegó `falta de legitimidad' de los recurrentes, abocando a éstos a la imposición de una fuerte fianza económico en el caso de querer recurrir ante el Tribunal Supremo». El ex juntero lamentó que tanto las admnistraciones como ese juez dieran cobertura jurídica a los negocios de Artxanda Golf SA.

«Esta es la historia de un fraude anunciado, un fraude social, medioambiental y económico a gran escala, promocionado y tolerado por la Diputación y los ayuntamientos de Galdakao y Larrabetzu. Lo que era patrimonio público de todos los vizcainos -argumentaron desde la izquierda abertzale en su reflexión-, lo que era un suelo de alto valor natural y agrológico, se ha convertido en propiedad privada para el disfrute de unos pocos privilegiados».

No perdieron la ocasión de denunciar la degradación que sufren los alrededores del campo, el barrio de Legina, donde se localizan varios vertederos con material de construcción de la instalación, además del corte de antiguos caminos vecinales.