La reivindicación de una ley para las lenguas minorizadas del Estado francés sigue sin obtener una respuesta clara por parte del Gobierno, a pesar de que el presidente Sarkozy lo prometiera en su campaña electoral y que la anterior ministra de Cultura afirmase que en el año 2009 habría un texto legal para amparar dichas lenguas.

La ambigüedad de la respuesta que el miércoles ofreció en la Asamblea Nacional el ministro de Cultura, Fréderic Mitterrand, a través del ministro de la Inmigración y la Identidad Nacional, Eric Besson, a la pregunta planteada oficialmente por la diputada socialista Martine Faure sobre la elaboración de la ley refleja que París no prevé, por el momento, abordar esta cuestión. Sin embargo, traduce al mismo tiempo el temor de las reacciones que pudiera suscitar una toma de posición claramente negativa.

Durante el exiguo debate de seis minutos, incluido el tiempo de exposición y explicación de la pregunta, el portavoz de Mitterrand se dedicó a enumerar y ensalzar las «importantes acciones en favor de las lenguas de Francia» que lleva a cabo el Gobierno, afirmando que la inclusión de las mismas como «patrimonio nacional» confiere al Estado una «responsabilidad par- ticular» para su promoción.

Riesgos y pertinencia

Besson apuntó que el Gobierno «se interroga sobre la pertinencia de una ley suplementaria mientras no se hayan explotado las posibilidades ya existentes».

Indicó, en concreto, los «riesgos» que engendraría una ley que reconociera derechos a algunos ciudadanos, lo que «chocarían con el principio de indivisibilidad de la República y el de la igualdad ante la ley».