Las defensas de todos los procesados en los juicios políticos celebrados en la Audiencia Nacional española siempre han de- nunciado la participación de policías españoles en estos juicios en calidad de «peritos», es decir, expertos cualificados y supuestamente imparciales. Tanto en el «caso Jarrai-Haika-Segi», el 18/98 o el proceso contra Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna, los abogados de los imputados han denunciado que no se pueden considerar «expertos» en ETA, ya que no existe ninguna titulación ni estudio científico que respalde este concepto, como sí ocurre en la medicina u otros muchos campos. Asimismo, siempre han puesto de manifiesto que los policías que comparecen como «peritos» son parte interesada en el proceso al haber participado en las investigaciones. Lo que no es tan habitual es que esto se ponga de relieve en la vista oral, como ocurrió ayer.

Dos guardias civiles que declararon en la segunda sesión del juicio contra «Egunkaria» reconocieron este extremo a preguntas de Iñigo Iruin, abogado de Martxelo Otamendi y Xabier Oleaga, y de José María Elosua, letrado de Iñaki Uria. Estos mismos agentes han sido propuestos por las acusaciones como «peritos» en la fase posterior del juicio. Pues bien, el primero de ellos señaló que fue el instructor del caso y, en consecuencia, el que pidió al juez las medidas necesarias para investigar a determinadas personas y empresas relacionadas con la cultura vasca. Según reveló, él mismo reclamó al magistrado Juan del Olmo el cierre de «Egunkaria», tras insistirle Iruin que su firma aparecía en el sumario.

Elosua le preguntó por los motivos por los que decidió redactar informes sobre una veintena de empresas a las que los servicios de información de la Guardia Civil vincularon con la financiación de ETA. Afirmó que las investigaciones comenzaron en 1996 -puso como referencia para acordarse la muerte en atentado del ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente- y detalló que encontraron «vinculaciones, para nosotros evidentes» del diario clausurado con la organización armada vasca.

El agente explicó que como resultado de esas diligencias se produjo la detención de Joxe Mari Sors, imputado en la causa económica contra «Egunkaria».

El segundo guardia civil en declarar afirmó haber participado como secretario en las declaraciones policiales de los encausados y dijo que, en sustitución del instructor, trasladó también varias peticiones a los jueces para investigar cuentas y realizar escuchas telefónicas.

Un «tropezón» de Uria

Los dos agentes confirmaron que estuvieron presentes en las declaraciones policiales realizadas por los encausados, pero negaron haber visto indicios de que los detenidos hubieran sido torturados.

«Si algo me hubiera llamado la atención, le hubiera enviado al médico, pero era todo normal en aquella situación», respondió al ser preguntado si apreció que Iñaki Uria presentaba algún dolor, cojeaba o respiraba de forma entrecortada. Poco antes, sin embargo, y a preguntas de la abogada de Dignidad y Justicia, aseguró que tuvieron que llevar a Uria al médico porque «se había torcido un tobillo».

El otro guardia civil aseguró que el zarauztarra tuvo un «tropezón» cuando era trasladado al forense. Uria denunció el primer día que sufrió una lesión en el pie tras cinco días incomunicado y que tuvo que asistir a fisioterapia durante varios meses en la cárcel.

El instructor de la Guardia Civil mostró también dudas cuando le preguntaron sobre los interrogatorios a Xabier Oleaga. Iruin le dijo si tuvo conocimiento de que perdió el conocimiento y se limitó a decir que los forenses tan sólo «comunican si necesitan tratamiento», aunque después dijo que «si está recogido en las incidencias será así, pero no recuerdo».

Los dos guardias civiles reconocieron que han estado procesados en las denuncias de torturas que presentaron Uria y Oleaga, pero se escudaron en que las causas están archivadas.

Los abogados preguntaron también a los dos agentes sobre la ubicación del abogado de oficio en las declaraciones policiales. Los guardias civiles aseguraron que se sientan detrás de los detenidos, pero que éstos pueden mirarles si quieren. Pero después apuntaron que al mostrar el carnet de abogado es «práctica habitual» tapar la fotografía del mismo por «motivos de seguridad».

«Seguimos preocupados»

Al finalizar la vista, Joan Mari Torrealdai realizó unas declaraciones en nombre de todos los procesados en las que señaló que siguen estando «muy preocupados» porque las acusaciones «mantienen su tesis». «Hoy hemos visto cómo el guardia civil que nos convirtió en terroristas ha dicho que todas nuestras empresas eran un entramado de ETA y que estaban al servicio de ETA», criticó.

Torrealdai recalcó que «hemos dejado bien claro que `Egunkaria' es un proyecto periodístico, mediático y cultural, y que hemos estado al servicio del euskara y nunca al servicio de ETA». Y reiteró el llamamiento a secundar la manifestación del sábado en Bilbo.