Por escandaloso que resulte, nadie parece extrañarse en exceso de que un mando de la Guardia Civil solicitara el cierre de «Euskaldunon Egunkaria» y ahora siga haciendo repetidas aportaciones al caso primero en calidad de testigo y después como perito, es decir, experto en la materia. Sólo falta que el ponente del tribunal le llame también para que participe en la redacción de la sentencia. Se completaría así el círculo, puesto que el cierre del diario fue dado oficialmente a conocer a través del insólito procedimiento de una nota de prensa de la Audiencia Nacional pactada entre el Ministerio del Interior y el juez Juan Del Olmo, que contó igualmente con el apoyo de la Fiscalía. El concepto de separación de poderes queda en este caso felizmente superado por el de colaboración entre diferentes aparatos del Estado.

El caso es que «Euskaldunon Egunkaria» se cerró por la acción complementaria de los herederos del Duque de Ahumada, el Ministerio de Ángel Acebes y el juzgado de Del Olmo, al tiempo que el hoy consejero de Interior de la CAV, Rodolfo Ares, aseguraba que «tendrán razones y pruebas suficientes para actuar como han actuado». Y mientras los diez detenidos permanecían incomunicados y, según denunciaron después, algunos estaban siendo torturados, los grandes periódicos españoles compaginaban la publicación de filtraciones acusadoras con editoriales que mostraban su prevención ante la clausura de un periódico que no acababan de ver clara. El cierre de «Egunkaria» siempre ha dado un poco de vergüenza ajena incluso a políticos o medios que en otros casos actúan como hooligans de la razón de Estado.

Por eso, con el paso del tiempo, el Gobierno de Zapatero intentó tomar distancia sobre el mismo y la Fiscalía acabó haciéndose a un lado, aunque ni uno ni otro pararon el despropósito al que todavía asistimos. Y los medios informativos intentan ahora pasar de puntillas también sobre el juicio. Quienes con más sonrojo miran al tema destacaron ayer las declaraciones exculpatorias de los acusados. Y quienes sostienen todavía a los acusadores, hablaron de documentos de ETA o quisieron desviar la atención hacia la «presión» de PNV y ERC a los jueces. Pero unos y otros coincidían en el tratamiento: relegar la noticia a páginas interiores.

El problema será que entre vergüenzas de unos y otros, y así como sin querer, al final la sentencia acabe como tantas otras de la Audiencia Nacional, que de verdad parecen dictadas por la Guardia Civil.