La sensibilización sobre la violencia contra las mujeres crece y las campañas en su contra afianzan esa conciencia social. Últimamente el eslogan más utilizado por las diferentes administraciones públicas es el que reza «Tolerancia Cero». Pero la realidad a menudo evidencia que esa tolerancia tiene grados, especialmente cuando los implicados tienen relación directa con el poder establecido.

El caso del ex director de seguridad de la cárcel de Langraitz, Mariano Merino Alovera, es escandaloso y significativo. La Audiencia de Araba le ha condenado a un año de prisión, a seis de inhabilitación y al pago de 3.000 euros en concepto de indemnización por un delito de abuso sexual contra una presa en el ejercicio de su función. Ha sido absuelto de otros tres delitos similares contra otras tantas presas. Hay que recordar que la Fiscalía solicitó la absolución, al igual que la defensa del carcelero.

Una de las primeras preguntas que vienen a la cabeza tras oír el caso es cuáles serán los delitos por los que las denunciantes están cumpliendo condena. Porque está claro que respecto a algunos estratos sociales y en relación a ciertos delitos la tolerancia del Estado es realmente cero. Por contra, los agravantes en el caso de Merino Alovera son tan evidentes que cuesta comprender por qué, como mínimo, no se plantean inhabilitaciones más duras y reales.