Las agencias de ráting están metiendo miedo a todos los estados con sus rebajas y advertencias. La necesidad de financiar sus programas de lucha contra la crisis obliga a los estados a emitir deuda, por la que deberán pagar más intereses a los compradores si ven degradado su nivel de solvencia.

Todo ello aumenta la factura y ha hecho que la mayoría se haya puesto a temblar ante la posibilidad de ver agravados los problemas con la pérdida de posiciones en esa escalera de confianza. Así, las agencias de ráting, que fueron denostadas por su directa implicación en la génesis de la crisis financiera, siguen marcando el paso cuando de crédito se trata. Han regresado para gobernar el mundo.

Actividad desenfrenada. Y es que las agencias de ráting están teniendo en las últimas semanas una actividad desenfrenada con la modificación de sus calificaciones crediticias para distintos estados europeos. Standard and Poor's, una de las tres grandes del sector, ha puesto en perspectiva negativa la deuda del Estado español, que en estos momentos ostenta el nivel AA+, el escalón inmediatamente inferior al de la máxima calificación crediticia, la «triple A». Según esta agencia, el excesivo déficit fiscal y la escasa visibilidad del crecimiento económico elevan el riesgo de invertir en su deuda a largo plazo. Algunos expertos, sin embargo, llaman la atención sobre la rapidez del deterioro de las finanzas públicas, más allá de los porcentajes de déficit o endeudamiento sobre el PIB, que en muchos casos es ahora bastante inferior a países con la máxima calificación. El elevado desempleo es, además, otra losa para su futuro económico.

La consecuencia de estos análisis es directa: la prima de riesgo es superior a la que tenía el año pasado cuando ostentaba el nivel equiparable a la solvencia total. En pocas palabras, que se fían menos del Estado español a la hora de hacer frente a los pagos de los intereses de la deuda. Si hacemos caso a Standard and Poor's, el riesgo, dentro de la eurozona, es todavía mayor en Irlanda, Portugal y Grecia.

Por el momento, ni Moody's ni Fitch le han quitado su confianza plena, aunque los expertos pronostican que no tardarán mucho. Sobre todo por parte de Moody's, después de que situara recientemente al Estado español en el primer lugar de su «índice de miseria» para 2010. Pero estas agencias de medición de riesgo no sólo determinan la solvencia presente, sino que elaboran informes premonitorios en cualquier circunstancia y manera. Es el caso de Moody's, por ejemplo, que esta misma semana ha asegurado que los estados con máxima calificación no están en condiciones de afrontar nuevas crisis financieras. Mira de frente, por ejemplo, a EEUU, Reino Unido o el Estado español. ¿Se atreverían a retirar la máxima calificación a EEUU? La respuesta para la mayoría de expertos es negativa.

Con todo, la situación es delicada, ya que la crisis y la explosión de deuda pública han hecho aumentar la percepción general del riesgo de impago. Según el último ránking trimestral elaborado por Credit Market Analysis, el estado más solvente es Noruega, al que se le atribuye una posibilidad de impago del 1,4%. En la lista, y por orden creciente, aparecen Alemania, Finlandia, Estado francés, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, Australia, Bélgica, Suiza. Este último llega al 3,9%. Para la deuda pública del Estado español esa eventualidad alcanza ya el 7,7%. Ocuparía ahora el trigésimo lugar en ese ránking de solvencia.

En la CAV, el único dedo acusador es de Fitch, que en noviembre rebajaba la perspectiva de estable a negativa. Esta agencia significaba la previsible caída de los ingresos y el aumento importante en el déficit. También juzgaba preocupante la posible persistencia de esta situación en próximos ejercicios.

Cabalgan de nuevo. Ya tenemos aquí a las agencias de ráting cabalgando de nuevo, aunque todavía no hayan sido obligadas, al menos formalmente, a asumir las directrices diseñadas por el G-20 con el fin de evitar las calificaciones interesadas y/o negligentes, tal como sucedió en la generación de la crisis financiera. En Europa, por el momento, sólo se ha dado un primer paso al aprobarse un reglamento que les prohíbe los servicios de asesoría, les reclama mayor transparencia y la presencia de consejeros independientes. No olvidemos que estas agencias de ráting han mantenido productos financieros en grados de inversión apenas días antes de la quiebra de algunas entidades. Lehman Brothers es el mejor ejemplo de este comportamiento. En otros tiempos respaldaron deuda de gigantes quebrados, de hecho, como Enron o Parmalat.

Por tanto, S&P, Moody's y Fitch, que controlan más del 90% de este negocio privado, estuvieron en el origen de la crisis con sus erróneas interpretaciones y el amparo de bonos construidos a partir de las hipotecas «subprime». Algunos de sus defensores han tratado de limitar los fallos sólo a esta clase de activos, al considerarlos complejos y de reciente creación. Tesis difícil de sostener al comprobar que, como se sabe, las mismas agencias ayudaron en su confección y aleccionaron a los emisores para lograr la mejor nota.

Sin embargo, las compañías, entidades públicas y bancos emisores de deuda no están obligados a disponer de ninguna calificación crediticia, aunque los inversores prefieren una evaluación externa. De lo contrario, la garantía de solvencia sólo está soportada por la propia entidad. Por tanto, todo se trata de creer o no creer en la capacidad e independencia de esas agencias de medición de riesgos, pese a que no supieran ver el gigante de pies de barro creado por ellas mismas al sustentar un castillo de productos financieros sobre los cimientos de las hipotecas «subprime». Sólo una regulación eficiente y la adopción de mecanismos de vigilancia externos podrán devolverles el crédito. Mientras tanto, seguirán repartiendo bendiciones y castigos para gozo o miseria de los estados afectados.