El presidente colombiano Álvaro Uribe reiteró ayer que mantendrá su política de Seguridad Democrática y los rescates por la vía militar, pese a la muerte el martes del gobernador del departamento del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar. Un grupo armado lo secuestró el lunes por noche en su domicilio de Florencia, capital departamental.

Vecinos del barrio indicaron que los autores del secuestro, que el ministro de Defensa, Gabriel Silva, atribuyó a las FARC, aparcaron una camioneta cerca de la casa de Cuéllar sobre las 22.15. Esperaron hasta que apareció el policía que custodiaba la vivienda. «Le quitaron la radio, el arma y lo mataron», relató un testigo, que prefirió no desvelar su nombre. Después, derribaron la puerta utilizando un explosivo y se identificaron como personal del Ejército. Dijeron que tenían conocimiento de un inminente atentado y que con su presencia querían proteger al gobernador, que en ese momento se encontraba descansando en el tercer piso. «Lo bajaron arrastrando por las escaleras. Cuando vi eso me di cuenta de que no era ningún Ejército. Lo sacaron y lo subieron a una camioneta», relató su cuñada Inés Galindo. «Tenían armas largas y yo una corta. No se puede hacer mucho así», añadió el guardaespaldas de la hija menor de Cuéllar.

La Policía encontró el vehículo -incinerado para borrar posibles huellas- sobre las 0.00 en las proximidades de Florencia. El cadáver apareció el martes no muy lejos del lugar.

«No le dispararon, sino que lo degollaron para evitar producir el ruido de los disparos porque ya intuían el plan, el operativo envolvente de nuestras Fuerzas Armadas», resaltó Uribe en una intervención radiotelevisada.

Nada más hacerse público el secuestro, ordenó el rescate militar de Cuéllar y del resto de personas que permanecen en manos de las FARC y ofreció una recompensa de unos 500.000 dólares a quien diera información sobre su paradero.

«Hemos dado instrucciones para que el operativo militar que se emprendió para rescatarlo se mantenga para capturar a los responsables del secuestro y asesinato. También mantenemos esa recompensa», destacó.

Pese a que familiares de los secuestrados rechazan la vía militar por el riesgo que entraña, el presidente descartó cualquier tipo de diálogo. «Compatriotas, en medio del dolor ratifico ante ustedes nuestra decisión de derrotar el terrorismo, de derrotar este flagelo del secuestro. Sólo admiten un calificativo: terroristas. Pero, las Fuerzas Armadas son superiores», remarcó.

De confirmarse la autoría de las FARC, sería el político de mayor rango secuestrado por la guerrilla desde 2002, cuando el 21 de abril fueron capturados el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y al ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverri Mejía. Ambos murieron en 2003 durante un fallido rescate.

En ese mismo mes, apresaron a 12 diputados en la sede de la Asamblea Legislativa en Cali, de los cuales 11 fallecieron el 18 de junio 2007 durante un tiroteo «con un grupo militar sin identificar», indicaron las FARC en un comunicado. En él denunciaron «amplias operaciones de militares y paramilitares lo que ha generado innumerables combates y creciente presencia de fuerzas oficiales».

Las familias mostraron su indignación con el Gobierno colombiano. «Estos asesinatos son del presidente Uribe y de las FARC», declararon entonces.

Caquetá es una zona amazónica del sur del país, donde las FARC tienen una fuerte presencia. El pasado día 9, un comando presumiblemente guerrillero intentó llevarse al alcalde de San Vicente del Caguán y a once concejales. En la acción murió un agente de policía.

Luis Eladio Pérez, entregado por la guerrilla en febrero de 2008 y aspirante al Senado en las elecciones de marzo, criticó que «hubo un descuido en la protección que se le brindó al gobernador, teniendo en cuenta su cargo, que vivía en una zona como Caquetá y que tenía un cuadro de altísimo riesgo por sus anteriores secuestros». Incidió en que «también hubo un grado de irresponsabilidad del Gobierno al haber anunciado un intento de rescate militar».

Lo ocurrido con Cuéllar y las declaraciones de Uribe pueden hacer peligrar la entrega del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Daniel Calvo.

La Asociación de Familiares de Policías y Soldados secuestrados reclamó «cordura y sensatez. No son responsables de lo que aquí sucede y, por tanto, no pueden convertirles en blanco de un temible recate militar. No es justo que esperen doce años torturados en el monte para que se ponga sus vidas en peligro a través del rescate armado».