Cuando se cumple un año de la masacre cometida por el Ejército israelí contra la población civil de Gaza, hay pocos motivos para ver con optimismo la situación de Palestina. El bloqueo criminal que provoca el desabastecimiento de los productos más básicos en Gaza sigue vigente en toda su crudeza. Los gobernantes israelíes que dirigieron la matanza perdieron las elecciones, pero fueron sustituidos por representantes aún más extremistas -si cabe-. El añorado acuerdo entre las distintas fuerzas palestinas, con Hamas y Al-Fatah a la cabeza, que se antoja clave para poder celebrar las elecciones con normalidad, se aleja y los comicios se han retrasado hasta junio. Si el panorama era negro, ahora es negro oscuro.

El informe elaborado por el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) deja en evidencia que el Ejército israelí cometió múltiples crímenes de guerra. El documento puede consultarse en Internet (www.pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/gaza%20war%20report.pdf) y deja en evidencia que el primer principio de la legislación internacional que se conculcó fue el que obliga a distinguir entre combatientes y población civil.

En este sentido, PCHR destaca que, pese a no compartir el calificativo de «organización terrorista» con el que Israel califica a Hamas, el movimiento islamista está compuesto, además de su rama militar -las Brigadas Ezzedin al-Qassam- de elementos civiles -políticos, asistenciales, ...- que no podían ser atacados. Pero lo fueron. La Policía de Gaza, un cuerpo que no es combatiente, padeció los ataques israelíes.

Al igual que las áreas residenciales bombardeadas por el Ejército israelí, que no hizo nada por distinguir entre combatientes y civiles. «Usar una bomba de dos toneladas para destruir un solo edificio es actuar indiscriminadamente, ya que es inevitable que afecte a los edificios colindantes», destaca PCHR.

También están documentados ataques contra instalaciones y personal médico debidamente identificado. Hasta instalaciones de la ONU, como escuelas y almacenes de ayuda humanitaria, fueron objetivo de las bombas.

El informe añade que Israel recurrió al castigo colectivo, algo prohibido por la Cuarta Convención de Ginebra, al recurrir al bloqueo total de Gaza, una medida que todavía se mantiene en vigor y que tiene efectos negativos en toda la población del territorio.

Todas estas denuncias, así como el empleo de fósforo blanco, un arma prohibida en zonas de alta densidad de población como Gaza, están acreditadas y han sido denunciadas.

El problema es la impunidad de la que disfrutan los dirigentes israelíes que diseñaron la matanza. Tzipi Livni y Ehud Barak perdieron las elecciones y fueron sustituidos por el ala más radical del espectro político israelí, representada por Benjamin Netanyahu y Avigdor Lieberman. El drama de los palestinos es que se reconoce que padecieron una masacre en Gaza hace un año, pero la comunidad internacional ha sido, una vez más, incapaz de castigar a los culpables.

Ha habido algunos intentos, como la orden de arresto dictada por un juez londinense contra Livni ante el anuncio de una visita de la líder de Kadima a Gran Bretaña.

Aunque las iniciativas, siempre aisladas, de algunos jueces no hayan tenido efecto concreto alguno, sí que suponen un quebradero de cabeza para la clase política israelí, cuyos miembros están obligados a pensárselo dos veces antes de viajar al exterior ante la posibilidad de ser detenidos y seguir los pasos del dictador chileno Augusto Pinochet.

No es plato de gusto convertirse en una especie de parias internacionales, aunque cuenten con la cobertura de los estados occidentales, como es el caso de Gran Bretaña -o el Estado español-, que se han apresurado a anunciar modificaciones legislativas para no incomodar a sus aliados israelíes. Tampoco hay que olvidar que la propia Livni, que no ocupa actualmente ningún cargo oficial, fue recibida por Nicolas Sarkozy en el Elíseo el pasado 3 de diciembre.

Un nuevo ejercicio de complicidad occidental con la ocupación sionista, pese a que las poblaciones de estos estados mostraron en la calle su solidaridad con los palestinos. Se puede moldear la ley como si fuera plastilina, pero resulta más complicado ahogar iniciativas de solidaridad como la campaña BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones), que cada vez llega a más sectores.

Un año después, el panorama político palestino sigue marcado por la división. Hamas gobierna en la bloqueada Gaza y Al-Fatah lo hace, bajo supervisión israelí, en los bantustanes de Cisjordania. En este panorama, Mahmud Abbas convocó unilateralmente las elecciones para enero para posteriormente posponerlas hasta junio y mantenerse mientras en el poder.

El círculo de Abbas hizo caso omiso de las reclamaciones del resto de formaciones palestinas -e incluso de sectores de la propia Al-Fatah- que destacaban que lo primordial, antes de realizar la convocatoria electoral era alcanzar un acuerdo interpalestino en el marco de las conversaciones que se estaban manteniendo en El Cairo. Los oídos sordos de Abbas han vuelto a acrecentar la brecha que existe entre una inoperante Autoridad Palestina -que sólo ejerce en Cisjordania- y el sufrimiento de la población.