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Tras la declaración del ministro del Interior español

Los partidos vascos ponen en duda la intención real de Rubalcaba

La afirmación del ministro del Interior de que ETA podría querer realizar un secuestro sacudió ayer la escena política. El propio Rubalcaba tuvo que negar que haya una intencionalidad oculta en su aviso, pero acto seguido realizó un amplio análisis de las posiciones en la izquierda abertzale e intentó marcarle el terreno.

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GARA | BILBO

Partidos políticos como PNV, EA, Aralar e IU pusieron ayer en duda la afirmación del ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que ETA podría intentar cometer un secuestro, realizada anteayer en su visita a la base de la Ertzaintza de Erandio y que ha tenido gran impacto mediático. Todos los citados advierten intenciones ocultas en las palabras de Rubalcaba, y la mayor parte entienden que trata de incidir en los movimientos que anuncia el independentismo.

Así las cosas, Rubalcaba tuvo que situarse a la defensiva en la entrevista realizada en Radio Euskadi por la mañana. Allí dijo que su afirmación «no es una ocurrencia, sino que responde a una evaluación seria». Apuntó, no obstante, que no se basa en datos objetivos, sino en un mero análisis de situación.

Según el mismo, Alfredo Pérez Rubalcaba considera que un secuestro es «compatible» con el debate interno en la izquierda abertzale, porque «no lo incomodaría excesivamente».

El ministro fue preguntado sobre si no hay un objetivo político detrás de su afirmación. Rubalcaba se mostró primero sorprendido por el interrogante, y luego lo negó. «No hay más intencionalidad detrás de esta advertencia pública; lo hemos pensado bien y nos ha parecido lo más oportuno», expresó.

Paradójicamente, acto seguido el ministro realizó un extenso análisis, para el que pidió tiempo extra al entrevistador, sobre las posiciones que entiende que hay dentro de la izquierda abertzale. Las resumió en tres bloques que etiquetó como «los duros», «los polis-milis» y los «polis-polis».

En el primer sector, según su diagnóstico, «mandan las pistolas y punto»; en el segundo encuadró a quienes «priman la estrategia política sobre la mi- litar; son los que hablan de volver a dialogar, pero sin que aparezcan las pistolas»; y en el tercer englobó a quienes rechazan la lucha armada. Rubalcaba se mostró especialmente preocupado por los que denominó «poli-milis», a los que acusó de utilizar un lenguaje «embellecido» y que puede tener eco. Les dijo que «ésa no es la vía».

«Capitalizar el terrorismo»

Avanzando más en su argumentación, Rubalcaba afirmó que «la democracia ha intentado esta vía en tres ocasiones y ha resultado imposible y no creíble, porque sólo pretenden capitalizar la existencia de 50 años de terrorismo». El titular de Interior insistió en que «no lo volveremos a intentar».

Preguntado sobre si Arnaldo Otegi o Rafa Díez pertenecen a este último sector que tanto le alarma, Rubalcaba rechazó dar nombres y añadió que «en democracia, uno tiene que elegir entre bombas y votos. Se puede defender lo que se quiera, pero el único límite es que se utilice la palabra, no las pistolas». A partir de ahí, insistió en su afirmación habitual de que la izquierda abertzale «sólo tiene dos opciones: convencer a ETA de que deje las armas o, en caso de que no lo consiga, `romper' con ella».

Esta entrevista matutina hizo que llovieran las críticas de partidos políticos sobre Rubalcaba, así como las de organizaciones policiales. Resultó significativo que, frente a ello, ni siquiera diferentes responsables del PSOE le respaldaran con claridad. La portavoz de Lakua, Idoia Mendia, o el ministro Manuel Chaves se limitaron a explicar que Rubalcaba tendrá sus motivos para actuar así.

Tampoco en el PP entendieron las declaraciones del ministro. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, afirmó que las mismas han causado «extrañeza en mucha gente y también en el PP», mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, señalaba que es «sorprendente» que un ministro del Interior «anuncie» secuestros.

Desde Gasteiz, el consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, tampoco aportó datos que ayudaran a apuntalar la hipótesis de Rubalcaba. Dijo que «es fruto de un análisis que nos parece muy razonable, y nos parece que nuestra obligación es tomar las medidas necesarias. No tenemos datos concretos de a quién podrían secuestrar pero sería alguien muy relevante que le diera mucha repercusión mediática. Nuestra obligación es ga- rantizar la seguridad y poner en alerta a los que tenemos obligación de proteger y pedir a la ciudadanía que extreme las medidas de autoprotección».

«Alarma» o «intoxicación»

Las reacciones fueron especialmente críticas en Euskal Herria, y llovieron incluso desde partidos como PNV y Aralar, con los que Rubalcaba ha intentado compartir su estrategia contra la iniciativa política de la izquierda abertzale.

Así, el portavoz jeltzale en el Congreso, Josu Erkoreka, consideró que los ministros «no están para provocar la alarma en la población». Añadió que si realmente es así, el Gobierno español «debe actuar con toda la eficacia con que sea capaz», pero hacerlo «con discreción, con silencio y con tiento».

Patxi Zabaleta, coordinador de Aralar, calificó las palabras de Rubalcaba de «intoxicación intencionada». Sin embargo, las aprovechó para emplazar a ETA, a quien dijo que «si cayese en su provocación o si se cometiese un atentado por cualquier otra causa, supondría desacreditar, inviabilizar y obsruir el camino que se está realizando».

El ministro consigue enfadar a sindicatos policiales, guardias civiles y guardaespaldas

Asociaciones de escoltas salieron a la palestra ya el lunes, tras escuchar a Rubalcaba, para preguntarle por qué no les había transmitido el supuesto riesgo de secuestro. En la mañana de ayer, en Radio Euskadi, el ministro esquivó la polémica y dijo que nunca iba a discutir con los guardaespaldas.

Varios portavoces calificaron de «inoportunas» las declaraciones del ministro en Erandio y le reprocharon que se hayan enterado de esa «posible situación excepcional» por los medios de comunicación. Frente a ello, el responsable de Interior alegó que «se ha informado a todos a la vez», en alusión a la comparecencia pública del lunes y a la reunión previa con Rodolfo Ares, consejero de Interior de Lakua.

Al presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES), Vicente de la Cruz, le parece «terrible» la situación creada, porque «se ha puesto un estado de alerta tremendo». Concretó que en la mañana de ayer se recibieron numerosas llamadas de guardaespaldas preguntando por cuál era la situación real. «Somos los máximos afectados en este tema y nos enteramos por los medios de comunicación», reiteró De la Cruz, que añadió que «no se puede decir que ETA está débil y que puede hacer un secuestro».

Mientras, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) cree que la advertencia pública de Rubalcaba ha dado «protagonismo a la banda y la ha situado en primera página, cuando nadie hablaba de ella», tal y como ha señalado su secretario de Comunicación, Jose María Benito.

También la Confederación Española de Policía (CEP) recrimina a Rubalcaba su actitud: «Si nos hallamos en una situación excepcional, y tenemos certeza de esos movimientos, que indican una inminencia, el modo utilizado no es el más oportuno y conveniente», indicó un portavoz.

Por su parte, Jose Antonio Calleja, secretario de Comunicación del Sindicato Profesional de Policía (SPP), dijo que «lo primero sería informar a los interesados» y opinó también que «se ha dado una publicidad extra a la organización terrorista».

Para el secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Delgado, «un ministro es el último que tiene que dar ese mensaje directamente a la ciudadanía».GARA

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