Ayer por la tarde, a tres días de la fecha elegida por Etxerat para la manifestación a favor de los derechos de los presos políticos vascos, se filtraba la orden de prohibición desde la Audiencia Nacional española. Pero el colectivo de familiares y amigos de presos lo tiene claro: «La sociedad vasca ya ha hablado».

Y es que Etxerat ha recabado miles de adhesiones durante las últimas semanas, tanto de agentes sociales, sindicales y políticos como de ciudadanos a título individual. Explicaron en una valoración de urgencia que «les preocupan las más de 40.000 personas que reunimos a primeros de año en las calles de Bilbo». El colectivo explica que han recibido «con gran preocupación» la decisión y cree que el Estado español pretende legitimar judicialmente «unas medidas de carácter político».

A pesar de todo, afirman que han conseguido movilizar a «todos los sectores» de la sociedad vasca y dicen tener muy claro que «este pueblo no va a abandonar nunca a sus familiares y amigos encarcelados».

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Ya a principios de mes salió el tema de la «legalidad» de la manifestación a favor de los represaliados en el Parlamento de Gasteiz, aunque entonces el mismo Rodolfo Ares dijo que no había motivo alguno para vetarla. Como es habitual, el grupo Dignidad y Justicia insistía en frustrar la marcha y pidió anteayer la prohibición judicial.

Al parecer con prisas para hacer público su «logro», el propio colectivo ultra Dignidad y Justicia fue quien difundió la noticia de la prohibición. También el Departamento del Interior de Lakua se sumó a la carrera unos minutos después, y sólo en tercer lugar hubo confirmación de la Audiencia Nacional, aunque no se conoce auto alguno por el momento, de modo que tampoco han trascendido cuáles son los motivos que se esgrimen.

Por su parte, algunos de los colectivos que se habían sumado a la marcha mostraron ayer su disconformidad ante la decisión y recalcaron su compromiso. Desde la izquierda abertzale desaprobaron «la política penitenciaria criminal» del PSOE y le acusaron de tratar de impedir los avances hacia «el proceso democrático».

Eusko Alkartasuna ¯que había anunciado por la mañana su intención de estar en Bilbo¯ consideró la prohibición «un paso más en la escalada represiva» que «dificultará» el camino hacia la normalización política de Euskal Herria.

Asimismo, Aralar reivindicó el derecho de manifestación y solicitó que «se levante la prohibición decretada».

ELA tildó el veto de «barbaridad» y afirmó que se constata una vez más que la maquinaria judicial española se dedica a impedir la denuncia de vulneraciones de derechos. La manifestación contaba con el apoyo de la mayoría sindical vasca, y de decenas de organizaciones sociales de todo tipo.