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Una veintena de jóvenes denuncia estar en riesgo de ser detenidos y torturados

Jóvenes independentistas cuyos nombres aparecen en listas policiales completadas con declaraciones extraídas en régimen de incomunicación a los detenidos a finales de noviembre comparecieron ayer ante los medios para denunciar su situación de indefensión. Los abogados declaran que este camino abierto por la Audiencia española es «ilegal».
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Janire ARRONDO |

Mes y medio después de la operación policial llevada a cabo por la Policía española y Guardia Civil, que provocó más de 30 encarcelaciones y muchas denuncias de maltratos, ayer se presentaron ante los medios casi una veintena de jóvenes independentistas que se sienten en «situación de indefensión». Y es que saben que sus nombres aparecen en declaraciones policiales «extraídas bajo tortura» a los arrestados en noviembre pasado, por lo que se hallan «en grave peligro» de ser detenidos.

Su abogada, Arantxa Aparizio, subrayó que todos ellos «no tienen nada que esconder» y recalcó que su actividad es muy conocida en sus pueblos, gaztetxes o escuelas.

No obstante, la letrada denunció que los jóvenes no pueden presentar su versión de los hechos ante el juez, ya que, «haciendo caso omiso a las leyes», la Audiencia española «ha cerrado las puertas» para que puedan declarar voluntariamente. «Antes deben ser detenidos, incomunicados y torturados», subrayó Aparizio.

Así, recordaron el caso de la joven iruindarra Ainara Bakedano, que fue arrestada en la misma puerta de la Audiencia, a la que acudía voluntariamente, y a pesar de ello trasladada a comisaría e incomunicada. «Es clara la actitud de la Audiencia Nacional ¯denunció la abogada¯; necesitan declaraciones autoinculpatorias o contra otros jóvenes, y para ello les es imprescindible la incomunicación que permite la tortura».

Aparizio relató como los abogados fueron testigos de los relatos de malos tratos de estos jóvenes, que consistieron, entre otras prácticas, en golpes, en amenazas, en insultos, en aplicar la «bolsa» hasta dejarles sin respiración, e incluso en vejaciones sexuales.

Así las cosas, la abogada denunció la «ilegalidad» de la vía abierta por la Audiencia Nacional, que consiste en «dejar sin defensa y abrir nuevos espacios para la incomunicación y tortura». Por lo tanto, lanzó un llamamiento para que la sociedad, y en especial los profesionales del derecho, sigan denunciando el «retroceso» de derechos y «situaciones de indefensión» que se viven en el tribunal especial español.

Vencer la represión

En la comparecencia que reunió a miembros del movimiento pro-amnistía, abogados, jóvenes cuyos nombres componen listas policiales y decenas de familiares y amigos que se acercaron para mostrar su apoyo, recordaron que en estos últimos dos años más de cien jóvenes han sido detenidos bajo la acusación de ser miembros de Segi. Además, como vienen denunciando desde hace meses, los procedimientos judiciales se apoyan en pruebas como haber hallado DVDs, camisetas o pegatinas «que cualquier joven puede tener en su casa».

Arbil Osa, miembro del movimiento pro-amnistía, afirmó por su parte que estos jóvenes que hoy se encuentran en riesgo de ser detenidos luchan por los derechos de la juventud y por conseguir la independencia de Euskal Herria, y lo hacen «de forma visible». El problema es, para Osa, que en Euskal Herria trabajar en movimientos juveniles o políticos, «aunque sea públicamente» y de modo pacífico, puede ser castigado con la incomunicación y con la cárcel.

Según esta componente del movimiento antirrepresivo, no es casualidad que estos últimos meses los estados francés y español hayan actuado contra el movimiento independentista, ya que «necesitan acallar a las nuevas generaciones». Es por ello que el movimiento juvenil «está en el punto de mira de la estrategia de represión», según denunció Osa.

Por lo tanto, pidieron a la ciudadanía que proteja a estos jóvenes y que denuncie «toda esta represión policial y judicial». «Para construir una sociedad democrática es imprescindible vencer la represión», concluyó.

PUERTA CERRADA

«Los jóvenes no pueden dar su versión de los hechos en la Audiencia Nacional, ya que han cerrado las puertas para que puedan declarar voluntariamente», denunció Aparizio.

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