A dos días de terminar el año, el Consejo Constitucional francés dejaba sin efecto la aplicación de la polémica «tasa carbono», denominada también «tasa verde» que debía entrar en vigor el 1 de enero.

Esta tasa fijada en un principio a 17 euros por tonelada de emisión de dióxido de carbono (CO2) debía servir, teóricamente, a disminuir las emisiones y a poner en marcha dispositivos para contrarrestar el efecto invernadero. La tasa la soportarían los contribuyentes a través del aumento de los impuestos sobre carburantes, gas o vehículos nuevos.

Sin embargo, las exoneraciones que contemplaba la ley, en especial para determinados sectores de la industria pesada como las centrales térmicas o el transporte aéreo, entre otros, que no se verían afectados por dicha tasa, han sido los principales argumentos que el Consejo Constitucional -a quien el PS recurrió para derogar la medida- ha tenido en cuenta a la hora de anularla.

Además, el Tribunal considera que la tasa pone en entredicho el «principio de igualdad» ante la fiscalidad.

Prometen nuevo texto

El Gobierno no ha tardado en reaccionar ya que el Primer ministro François Fillon prometió nada más conocerse la decisión del Tribunal. que elaborarán un nuevo texto de ley para el 20 de enero, algo que desde las filas de la propio UMP, estiman improbable.

El responsable del Presupuesto en la Asamblea Nacional Gilles Carrez (UMP) cree que será «difícil elaborar algo inteligente» en tan poco tiempo y se inclina por abordar una «profunda reflexión» sobre un tema tan «esencial» como es la implantación de dispositivos fiscales referentes al medio ambiente.