El presidente islandés, Olafur Ragnar Grimmson, ha defendido su negativa a ratificar una ley de indemnización de acreedores extranjeros sin someterla antes a referéndum frente a las fuertes críticas de los gobiernos de los países afectados: Gran Bretaña y Holanda.

En declaraciones que ayer publicó el diario británico «Financial Times», Grimmson reconoce el revuelo causado por su veto a dicha ley, pero lo justifica señalando que no ha hecho sino cumplir con la tradición de Islandia, una de las más antiguas democracias del mundo, con su decisión de consultar a los ciudadanos. «La Constitución islandesa se basa en el principio fundamental de que el pueblo es soberano», afirmó el mandatario del Estado nórdico, según el cual es «responsabilidad del presidente garantizar que prevalece la voluntad popular».

Amenaza británica y holandesa

El Gobierno británico ha amenazado esta misma semana a Islandia con bloquear su eventual solicitud de ingreso en la Unión Europea si no se compensa a los 400.000 ahorradores no islandeses -en su mayoría británicos y holandeses- que perdieron el dinero depositado en cuentas de internet del banco Icesave.

Tanto Londres como la Haya han insinuado, asimismo, que una negativa a devolver los 3.900 millones de euros que adeuda a los titulares de esas cuentas repercutiría negativamente en el plan de rescate financiero para la república islandesa por valor de 10.000 millones de euros que lidera el Fondo Monetario Internacional.

Según Grimsson, es esencial, sin embargo, que la solución de la disputa goce de respaldo público: «Espero que los ciudadanos de esos dos países -Gran Bretaña y Holanda- y sus líderes políticos reconozcan, a tenor de sus viejas tradiciones democráticas, que un referéndum es un modo democrático de tomar una decisión».

El Parlamento de Reykjavik aprobó por estrecho margen la pasada semana y tras meses de fuertes debates la ley de indemnización de los ciudadanos extranjeros afectados, pero el presidente se negó a ratificarla en vista de la fuerte oposición popular a un plan que muchos islandeses consideran injusto e imposible de cumplir. De hecho, la mitad de los islandeses ya habría firmado un escrito en contra de esta ley.

Por ello, el Gabinete de Grimsson propuso el miércoles celebrar un referéndum el próximo 20 de febrero para que los ciudadanos de este país decidan si aceptan o no reembolsar los depósitos bancarios.

Tras la decisión del presidente islandés de someter la ley a referéndum nacional, la agencia internacional de calificación de riesgo Fitch rebajó la calificación crediticia de Islandia, mientras que Standard & Poor's anunció que haría lo mismo.

La CE, «vigilante»

Por su parte, la Comisión Europea anunció que «vigilará de cerca» lo que ocurra con la ley de indeminzación.

«El dictámen de la CE (sobre la solicitud de adhesión de Islandia) tomará en cuenta todos los temas pertinentes para evaluar si Islandia cumple todos los Criterios de Copenhague. En este sentido, asuntos como Icesave o el control de capitales van a analizarse de cerca», manifestó el portavoz Amadeu Altafaj.

Altafaj especificó que el Ejecutivo comunitario está estudiando un cuestionario con más de 2.000 preguntas que fue cumplimentado por Islandia y entre las que se encuentran cuestiones relativas al caso Icesave, con el fin de comprobar si el país cumple los criterios de adhesión. Sin embargo, matizó que «el acuerdo de Icesave es un acuerdo bilateral» entre Islandia, Reino Unido y Holanda, ya que se refiere a las compensaciones de inversores británicos y holandeses de Icesave. «Es más que nada una cuestión interna», insistió.

No existe ningún calendario establecido sobre la posible entrada de Islandia en la Unión Europea, aunque fuentes comunitarias aseguran que, al margen de esta polémica, será un proceso relativamente fácil debido a que dos tercios de la legislación del país se adaptan a las normas europeas.

La petición de adhesión de las autoridades islandesas a la UE fue formalizada el pasado 23 de julio, en un contexto marcado por las fuertes dificultades que atraviesa, a causa de la crisis global, la economía de ese país, que en 2008 tuvo que nacionalizar sus tres principales bancos, y en noviembre de ese año recibió un crédito de 2.100 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional para evitar la bancarrota.