La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer el procesamiento por un delito de «pertenencia en organización terro- rista» de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez, Rufi Etxeberria, Amaia Esnal, Txelui Moreno y Mañel Serra por -según acusa- impulsar el proyecto político de Bateragune, con el que pretendían crear «un referente político» que pudiera concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.

En su escrito registrado, el fiscal Vicente González Mota defiende que existen «indicios racionales de criminalidad» contra los nueve imputados en esta causa, ya que pretendían «crear un bloque para el desarrollo de una estrategia soberanista» que diera forma a la «estrategia político-militar» de ETA creando «un nuevo referente político institucional que sucediera a Batasuna» y cuya constitución estaba prevista «en la primavera de 2010».

El Ministerio Público sostiene que a partir de los actos y convocatorias (sic) celebrados por Bateragune hasta octubre de 2008 se puede llegar a la conclusión de que los nueve imputados constituyen un grupo que actuaba «en el entramado del denominado MLNV, donde asumía las funciones de dirección política». La existencia de este «referente institucional» de ETA, según la Fiscalía, queda acreditada en diversa documentación incautada en diversas detencioes, entre la que figura el documento intervenido en abril de 2009 al supuesto militante de la organización armada, Ekaitz Sirvent.

En dicho documento, según el informe fiscal, ETA apostaba por formar «una alianza estratégica nacional que colaborara en la presión para forzar al Estado español a asumir un nuevo proceso de negociación y que, una vez abierto, impusiera el reconocimiento del derecho de autodeterminación».

Además, la Fiscalía recuerda que el auto de prisión dictado por Garzón el pasado 16 de octubre acusaba a los imputados de desarrollar «una estrategia de combinación de votos y bombas» que se desarrollaba al dictado de la «organización» y que incluía la utilización de «parones en la lucha armada».

«Vías políticas y democráticas»

Contrariamente a lo expresado por la Fiscalía y el juez Baltasar Garzón, lo que se conoce del trabajo realizado por los detenidos es un documento en el que la izquierda abertzale apuesta por «la utilización de vías y medios exclusivamente políticos y democráticos».

En una entrevista publicada por GARA el pasado 1 de noviembre, uno de los imputados, Rufi Etxeberria, señalaba textualmente que la izquierda abertzale estaba diseñando «una estrategia de carácter ofensivo que nos adentre en un nuevo ciclo y nos conduzca a un estadio en el que la confrontación Euskal Herria-Estado, confrontación que se dará entre la opción unionista y la independentista, se desarrolle única y exclusivamente por vías democráticas».

Es más, en el propio auto de Garzón se atribuye a uno de los detenidos la afirmación escrita de que «el mantenimiento de la estrategia pm, con sus limitaciones y sus consecuencias colaterales en el espacio abertzale por el cambio, profundiza el debilitamiento del pulso con el Estado, pudiendo provocar una mayor desvertebración y difuminación del proyecto político».

Todo ello contradice abiertamente la tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la del juez instructor.