Un objetivo de los gobiernos es eliminar la contestación social a su política de derechas. En esta coyuntura de crisis se pretende imponer la destrucción de empleo, que el que se cree sea de mala calidad, un bajo nivel de prestaciones sociales, una fiscalidad injusta que beneficia a las rentas altas... Los modos autoritarios forman parte inseparable de esa manera de gobernar. La consejera de Empleo, Gemma Zabaleta ha necesitado poco tiempo para mostrar ese perfil autoritario. «Las puertas del Gobierno están abiertas para todos», afirmó al día siguiente de ser nombrada consejera. Pues bien, hasta la fecha se ha reunido con todos menos con ELA, incumpliendo su palabra.

¿Por qué esa negativa a hablar? Contra lo que pueda parecer, no es un problema de educación. Desde que el nuevo Gobierno puso en marcha eso que dan en llamar «diálogo social» con la minoría sindical, les estorbábamos porque tienen decidido qué hacer y con quién.

La consejera -quizás sin querer- ha tenido a bien aclarar su pensamiento. En una reciente entrevista dijo que «los órganos de participación institucional no deben ser reflejo del desencuentro que pueda haber fuera...». ¿Usted es socialista? Sus palabras recuerdan a Marx, pero no a Karl sino a Groucho, cuando en una de sus ingeniosas frases decía «estos son mis principios y si no les gustan, tengo otros». En esa frase sintetiza la crisis estructural que atraviesan esos órganos: hay que dejar fuera los problemas reales y estar dispuesto a hablar de pájaros y flores. Hay que hacer aquello que quiere el Gobierno.

¿Cuáles son las razones de que estén en crisis el CRL, CES, Osalan...? Hay que buscarlas en el comportamiento de la patronal y de los gobiernos. Una patronal que sabe que en el Estado español las crisis se resuelven -a su favor- con más precariedad. Y unos gobiernos que no hacen nada que moleste a los empresarios, que han eliminado de su acción política elementos de equilibrio social, sólo preocupados por la propaganda. Unos gobiernos que trabajan para incrementar la ignorancia y la indiferencia social y evitar la oposición a su política de derechas.

Ponen como condición dejar fuera los problemas que nos preocupan. Pues bien, como ese objetivo en la CAPV no se puede alcanzar con la mayoría sindical, lo tratan de llevar a efecto con la minoría. Unen dos cosas, el vacío de contenidos en política laboral y social con la ruptura de reglas democráticas. Las dos cosas van a la vez. Han convertido en imprescindible para sus objetivos despreciar las reglas democráticas. Si la realidad social es un obstáculo porque no coincide con sus intereses políticos, se «corrige» con la ley. Esa sí es suya.

Eso es lo que el Gobierno va a hacer con los nombramientos de los representantes de los sindicatos en el CRL y CES: permitir que la minoría sindical se apropie de lo que no es suyo, de la representación que corresponde a otros. El Gobierno no ha querido conocer cuáles fueron los motivos por los cuales «suspendíamos» nuestra participación en esos órganos. ¿Quién es el Gobierno para decidir qué representación ostenta cada sindicato? Es un hecho gravísimo.

El Gobierno vasco ha colaborado en extender la «leyenda» sobre ELA. Han repetido que «con ELA es mejor no hablar», «no se puede aceptar el veto de ELA», «mejor que no perdáis el tiempo con ELA porque no acordará nada...». Lo han elevado a doctrina y, aprovechando la «mayoría política adulterada» que tienen en el Parlamento de Gasteiz, quieren convertir los órganos de participación institucional en un brazo extendido, acrítico y esencialmente político, que sirva a la política del Gobierno y de la patronal. La consejera no se cansa de repetir que habla con todos los sindicatos, menos con ELA.

Repiten que «con ELA es mejor no hablar». Que pregunten cómo se logró el acuerdo en la Mesa General. Con ELA se habló y negoció. Un acuerdo que, como bien se encarga de recordar el PNV, se debe a contenidos sindicales (los que ellos negaron durante años). A muchos en el Gobierno este acuerdo les ha pillado con el pie cambiado y actúan como si prefirieran que ELA no hubiese firmado. Lo objetivo, por desgracia, es que esa firma es una isla, una anécdota, en el conjunto de relaciones del Gobierno con las aspiraciones que defiende nuestra organización.

Hablan del «veto de ELA». ELA no ha tenido veto en ningún órgano. Manipulan para despreciar las mayorías. Solo así, sin regla alguna, obtienen cobertura a la política que tienen decidida: antisocial, que no moleste a los intereses de la patronal, de corte involutivo en materia de autogobierno y, de paso, que asigne mucho dinero público a las organizaciones sindicales y patronales amigas. Un «diálogo social» utilizado para uniformizar España, que niegue cualquier margen de actuación política distinto al decidido en Madrid en todas las materias (formación, salud laboral, empleo, transferencias socio-laborales, estructura de la negociación colectiva, educación, etc...). Todo eso se hace con la minoría que está de acuerdo con los postulados del PSE-EE y PP. No Sra. consejera, no es su Gobierno quien da y quita representatividad sindical. Eso era en los tiempos del sindicato vertical. Esta situación representa una apuesta claramente antidemocrática del Gobierno de Gasteiz. Y un reto; un reto para quienes nos oponemos. Un reto para la mayoría sindical vasca, al que hay que dar prioridad actuando en consecuencia.

¿Qué preparan en el Estado español? El «diálogo social» en Hego Euskal Herria es una sucursal que comparte lo que se decide y realiza en el Estado. Y en Madrid, tras ayudar con dinero público a banqueros sin escrúpulos, anuncian que toca «ajuste». Van a abordar en el «diálogo social» español otra reforma laboral para dar más flexibilidad a la patronal y reformar la negociación colectiva; entre otras cosas, para impedir que elijamos el ámbito y las materias de negociación. Lo van a hacer de manera semiclandestina. Van a aprobar una reforma de pensiones en el marco del Pacto de Toledo (buscando -dice Zapatero- el acuerdo con el PP). Casi nada. Y van a hacer un «plan de austeridad» en el gasto público que inevitablemente reducirá el ya de por sí raquítico gasto social. Al Estado español no le queda prácticamente nada para privatizar (lo regalaron a los amigos del Gobierno, tanto el PP como el PSOE). Así, sin recursos por esa vía y con la negativa a cambiar la fiscalidad, van al ajuste respecto de nuestros salarios, derechos laborales y sociales. Lo de siempre. A todo eso el sindicalismo tiene que oponerse.

La clase política ha gestionado -de manera transversal- años de crecimiento, de desregulación y privatización haciendo posible una desigualdad creciente en el reparto de la riqueza. Esa clase política no tiene intención de cambiar. Siguen actuando por encargo para el poder económico, que es quien de verdad manda. Quieren que se les deje hacer... Al convocar la huelga general del 21 de mayo afirmamos que la alternancia de partidos no suponía cambio en las políticas. El tiempo, una vez más, nos da la razón. ¡Viva el sindicalismo de clase, viva el compromiso social!