No había tema. Los cinco representantes de la izquierda abertzale, Juan José Ibarretxe, Patxi López y Rodolfo Ares nunca debieron ser procesados, y mucho menos sentarse en el banquillo el 8 de enero de 2009. Al Tribunal Supremo español le bastaron ayer cuatro horas para concluir algo que ya dijo en su día y que también estableció el juez Garzón en la víspera de la reunión PSOE-Batasuna de julio de 2006: esas conversaciones políticas no suponen delito alguno. Sin embargo, el proceso ha permanecido vivo durante más de tres años con el único impulso de dos grupos ultras y con el aval de los responsables del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que lo llevaron hasta la sala de vistas.

El Supremo adelantó ayer el sobreseimiento y archivo de la causa por «desobediencia» abierta contra el actual lehendakari, Patxi López; el anterior, Juan José Ibarretxe; el ahora consejero de Interior, Rodolfo Ares; y cinco representantes de la izquierda abertzale, a saber, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia y Juan Joxe Petrikorena.

La decisión fue contundente, no sólo por el escaso tiempo empleado (se valoraba la posibilidad de varios días de deliberación) y por la unanimidad obtenida, sino sobre todo porque el Supremo decidió entrar al fondo del asunto. Se esperaba que decidiera únicamente sobre la cuestión técnica; es decir, sobre si una acción popular es suficiente para promover un juicio cuando la Fiscalía no acusa («doctrina Atutxa») o si no basta con ella («doctrina Botín»). De hecho, éste último fue el argumento utilizado por el TSJPV hace un año para dejar el juicio en suspenso. Sin embargo, el Alto Tribunal español optó por entrar en harina y determinar que si bien técnicamente no existía inconveniente para la vista, jurídicamente no hay motivo alguno porque no existe delito.

«Doctrina Atutxa», sí

Ayer únicamente se adelantó el sentido del fallo y su criterio general, y habrá que esperar para conocer el contenido exacto. Los cinco magistrados estuvieron de acuerdo en que no hay delito en hablar de política con Batasuna, como hizo Ibarretxe en varias ocasiones y también López y Ares el 6 de julio de 2006. En la cuestión técnica sí existe un desmarque: uno de los cinco jueces considera que era imprescindible que la Fiscalía acusara, y hará público por tanto un voto particular. El resto dan por buenos los recursos elevados por Dignidad y Justicia y Foro Ermua.

En este terreno concreto, el Tribunal Supremo valida la «doctrina Atutxa», que considera en este caso suficiente legitimada la acusación popular, aunque no exista la del fiscal, al tratarse de un delito («desobediencia») que no implicaría la existencia de un perjudicado directo. Esta diferenciación le permite seguir sosteniendo que sí estaba justificado el archivo del caso contra el banquero Emilio Botín y que, por contra, se podía continuar adelante con procesos como éste del diálogo político o el que se desarrolla ahora contra ``Egunkaria'', en el que la Fiscalía tampoco acusa.

El PP esquiva el fondo del tema

Antes de que el Supremo iniciara la deliberación, Patxi López resaltó que «no hay nada punible» en los contactos y esperó que el caso «acabe en nada». Luego, desde Lehendakaritza se remarcó que no habría valoración alguna de la decisión del Alto Tribunal español, y se limitaron a reiterar la convicción inicial de que no había delito alguno. Fue la Ejecutiva del PSOE la que se encargó de expresar alegría por el desenlace y de destacar la unanimidad lograda.

Desde el PP, resultó llamativo cómo Leopoldo Barreda intentó desviar la atención sobre la existencia de una decisión sobre el fondo del tema. Según su interpretación, «la resolución del Supremo ratifica la decisión anterior del TSJPV, y por tanto no hay novedad».

Por parte del PNV, fue Iñigo Urkullu quien hizo la valoración, según dijo tras hablar con Ibarretxe por teléfono. Preguntó «qué se va a hacer ahora para rehabilitar el honor» de las personas encausadas y estimó que «mayor despropósito jurídico que el desarrollado en esta causa es difícil que pueda darse en un sistema democrático».

Para el presidente jeltzale, el caso «jamás debería haber sido admitido por ningún tribunal. Sólo tenía el objetivo de sentar en el banquillo a la máxima autoridad política de Euskadi. Hecho que, por otra parte, ya se consiguió en su momento»

EA consideró que el archivo «es la consecuencia lógica de un juicio basado en el absurdo en el que se ha intentado criminalizar el diálogo, una de las bases de la democracia». Aralar también mostró su satisfacción por el final de este caso y reivindicó el diálogo, y otro tanto hizo Ezker Batua.

Precedentes en 2006, 2004...

En realidad, el Supremo difícilmente podría haber adoptado otro criterio sobre la legalidad o no del diálogo con Batasuna, ya que en varias ocasiones ha avalado que se converse con ETA.

Así lo hizo a finales de 2006, y, por tanto, de modo prácticamente paralelo a este proceso. La Sala Penal del Supremo declaró que el anuncio de «iniciar un diálogo con ETA» realizado por José Luis Rodríguez Zapatero en el mes de junio de ese año y la propia reunión que López y Ares celebraron con Otegi, Etxeberria y Dañobeitia no constituía «ningún tipo de delito».

La querella había sido interpuesta en este caso por el colectivo ultra Manos Limpias. El Supremo estableció incluso que sería «un fraude constitucional» tratar de condicionar «la dirección de la política interior o exterior» del Gobierno a través de estas querellas judiciales.

Antes, ya se había pronunciado en el mismo sentido en septiembre de 2004, cuando analizó una querella contra el diri- gente de ERC Josep-Lluís Carod-Rovira por su reunión con ETA en Perpinyà.

Pese a estos precedentes claros, el TSJPV dio cauce a las querellas de Dignidad y Justicia y Foro Ermua. Luego bastó con que un juez instructor, Ricardo Saiz, llevara el tema a juicio, y todo ello a pesar de que en el camino incluso la Fiscalía renunció a ejercer la acusación.