El esperpéntico proceso al diálogo político queda cerrado y se hace además con argumentos de fondo y no de forma. Es una buena noticia. Pero sería más ajustado a la realidad decir que el litigio se cierra a medias. Y no sólo -que también- porque casi la mitad de los ocho imputados que se sentaron en el banquillo hace un año se encuentren presos.

Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena, efectivamente, han quedado absueltos por este caso, pero se hallan entre rejas. Rufi Etxeberria, además, está en libertad condicional y procesado. Sería injusto olvidar que todos ellos sufren ese castigo por hacer exactamente lo mismo que ahora el Tribunal Supremo ha aceptado que no es delito y lo mismo de lo que Felipe González se autoinculpó ayer: reivindicar que el diálogo es la única solución factible para este conflicto.

La izquierda abertzale siempre ha abanderado esta vía, que el Estado sólo ha asumido en momentos políticos muy puntuales y con muchos reparos. Pero la generación de Otegi, Barrena, Petrikorena, Dañobeitia y Etxeberria ha dado otro paso más audaz, con el compromiso explícito con la apertura de un «proceso democrático» en toda regla, en el que a la apuesta histórica por el diálogo y la negociación se le suman la asunción de que éste debe ser un proceso pacífico y gradual o el subrayado de la aceptación de la voluntad popular.

Conviene no olvidar que precisamente por eso están en prisión. No hay delito en lo que plantean, pero siguen siendo tratados como delincuentes. Una propuesta tan concreta e inequívoca como la del «proceso democrático» es traducida por los aledaños mediáticos del PSOE como «proyecto de chantaje encaminado a quebrar la voluntad ciudadana mayoritaria y a torcer la mano de los gobiernos» (``El País'', 13 de diciembre de 2009) y por la Audiencia Nacional como «operación de engaño y de enredo» (auto de Garzón, 16 de octubre).