Crónica | Muerte del abogado Rosenberg
El «extravagante» suicidio que persigue a Álvaro Colom
La mayoría de las 6.451 muertes violentas registradas en Guatemala en 2009 nunca se resolverán. El presidente, Álvaro Colom, tuvo la suerte de que el caso en el que se le implicaba directamente fuera objeto de una investigación exhaustiva. Su exculpación en la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg le ha dado un respiro, pero la continuidad de su batalla con la oposición y los medios está garantizada.
Asier ANDRÉS
Nunca existió ninguna prueba en su contra más que las acusaciones grabadas en un vídeo por el abogado Roberto Rosenberg, vinculado a la ultraderecha guatemalteca. Sin embargo, el discurso pronunciado el martes por Álvaro Colom, tras conocer los resultados de la investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que demostraban que Rosenberg pagó su propia ejecución, evidenció que el presidente acaba de quitarse un peso de encima. No hubo palabras de venganza contra quienes utilizaron la acusación de Rosenberg para interntar provocar la caída su Gobierno el pasado mayo, sino, sobre todo, agradecimientos para quienes siempre le han apoyado.
«No guardo rencor en mi corazón, sino una enorme gratitud a aquellos que nos acompañaron con paciencia, sin dudar un momento de la credibilidad de un presidente que aguantó tremenda infamia, y defendieron este Estado de Derecho que nos ha costado tanta sangre y tanto sacrificio», expresó el mandatario.
La investigación realizada por la CICIG, organismo dependiente de la ONU que dirige el fiscal español Carlos Castresana, alivió al presidente pero ha sorprendido a casi todos. Para muchos de los que creyeron en las palabras pronunciadas por el abogado en su vídeo post mortem y se movilizaron para hacer caer a un Gobierno «corrupto y asesino» ha sido un gran impacto descubrir que su «héroe nacional» urdió una trama de película para conmover al país, acusando al presidente de su muerte y después ordenando su propia ejecución.
La exhaustiva investigación efectuada por unos 300 trabajadores de CICIG durante ocho meses, no deja lugar a muchas dudas. Rosenberg, a través de unos primos suyos, contrató a una banda de sicarios compuesta de policías que, en teoría debían eliminar a alguien que le estaba extorsionando. La mañana del 10 de mayo, el abogado les avisó de que el «objetivo» ya había salido de casa y que estaría paseando por el vecindario en bicicleta. Después bajó a la calle, se deshizo del teléfono que había utilizado y se subió a su bicicleta. Al cabo de unos minutos, para facilitar aún más el trabajo al tirador, se sentó sobre la acera y esperó su muerte.
¿Por qué habría planeado algo así ? Según la CICIG, el abogado no formó parte de ninguna conspiración política, ni fue inducido por nadie. Fueron las muertes del empresario Khalil Musa y de su hija Marjorie, ocurridas el 14 de abril, las que le motivaron. De acuerdo con esta teoría, Rosenberg, que estaba «muy unido sentimentalmente» a Marjorie, se sentía responsable de haber asesorado mal a su padre en un asunto que, en teoría, habría provocado su muerte.
Rosenberg trató de indagar quién se encontraba tras esas ejecuciones, pero chocó con el muro de la impunidad estructural del sistema de Justicia guatemalteco y decidió idear un plan para llamar la atención y que, así, la muerte de los Musa sí fuera investigada con garantías.
«Éste ha sido uno de los casos más difíciles y extravagantes con los que me he enfrentado», declaró ayer Castresana. Y en efecto, esta extraña historia resulta aún inverosímil para muchos guatemaltecos, aunque el objetivo con el que fue planificada se está cumpliendo. Resuelta la muerte de Rosenberg, la CICIG, que es en la actualidad la única garantía de una investigación criminal eficaz en el país, se está centrando en investigar la de los Musa.
En este caso, no es tan evidente que grupos de poder vinculados al Gobierno no pudiesen estar relacionados con esas muertes y no habrá tregua para el presidente. Los editoriales de los medios escritos más importantes ya adelantaban ayer que la muerte de los Musa seguirá sirviendo de arma arrojadiza para desgastar a un Gobierno que se proclama «socialdemócrata» en uno de los países más conservadores de Latinoamérica.