El Gobierno islandés anunció ayer la convocatoria para el 6 de marzo de una consulta sobre la ley que reglamenta la indemnización a ahorradores extranjeros por la quiebra del banco Icesave a causa de la crisis en el otoño de 2008. El desencadenante de la consulta popular, la primera en la historia del país, fue la negativa del presidente, Olafur Ragnar Grimsson, a firmar la ley aprobada por el Parlamento el pasado 30 de diciembre.

La «ley Icesave», como se la conoce popularmente, establece el pago de 5.000 millones de dólares a los gobiernos de Reino Unido y Holanda por garantizar préstamos a los ahorradores de estos países que perdieron sus inversiones con la quiebra de Icesave, la división de Internet del Landsbanki, nacionalizado por el Estado islandés.