Ekologistak Martxan valoró ayer los más de seis años de pleitos en los tribunales para impedir que una modificación puntual del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Urdaibai, impulsada en 2003 por el consejero de Medio Ambiente Sabin Intxaurraga (EA), permitiera construir más de 50 chalés y un hotel de lujo en 28 hectáreas de suelo protegido en el área de Kanala.

El organismo incidió en que con la sentencia del Tribunal Supremo español de 13 de noviembre de 2009 se ratifica que la postura de Lakua fue «injustificada e incoherente», ya que la iniciativa gubernamental refrendada por el Pleno del Patronato de Urdaibai se sustentaba en «apenas cuatro folios, y sin ningún informe ambiental ni jurídico que avalara dicha operación». El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 2005, y ahora el Supremo, sustentan la nulidad de la reforma apoyada por la Diputación, consistorios y el Gobierno de Gasteiz.

A pesar de la contundencia de los argumentos esgrimidos en la resolución del TSJPV, la entonces responsable autonómica de Medio Ambiente, Esther Larrañaga (EA), ordenó recurrirla. Tras el fallo definitivo, Ekologistak Martxan pide ahora que las costas procesales -que superan los 3.000 euros- no sean abonadas por la nueva consejera, Pilar Unzalu (PSE), sino por quien mantuvo el pleito, Larrañaga.

Para el colectivo, el que el equipo de EA en Medio Ambiente de Lakua hubiera empleado los recursos de la Administración para «impulsar un proyecto urbanístico que agredía los objetivos de ordenación territorial ambientablemente sostenible de Urdaibai, supone un abuso de los medios económicos y materiales que los ciudadanos sufragamos con nuestro impuestos. Y todo -subrayaron- para favorecer los mismos intereses especulativos inmobiliarios que están detrás de todas las tramas de corrupción».

Cerrada la puerta a que se edifique en 146.000 metros cuadrados de Kanala y en 132.000 de zona de protección de bosques encinares cantábricos y de litoral, los ecologistas centran su atención en los planes del departamento que dirige Unzalu para Urdaibai. A través de una información publicada en diciembre por el diario ``El País'', se avanzó que Lakua baraja la posibilidad de desprenderse de sus competencias de control urbanístico en la reserva de la biosfera, cediéndolas a los ayuntamientos. Esta decisión que estudia el Gabinete de Patxi López es rechazada con rotundidad.

Para el organismo, supondría una dejación de responsabilidad, tal y como se las asigna la Ley de Protección de Urdaibai y la del Suelo y Urbanismo, que aprobó el PSE en 2006. Es más, los ecologistas estiman que el sistema de doble control urbanístico que existe en el preciado estuario vizcaino debe extenderse a todos los municipios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

En un repaso a la situación de Urdaibai no faltó la referencia a los planes de la Diputación vizcaina para levantar una nueva sede del Museo Guggenheim, que Carlos Alonso, representante de Ekologistak Martxan, habló de «macroproyecto» que, tal y como dice la sentencia del Supremo español, es «incongruente e injustificado». El vetetano militante ecologista se preguntó para qué sirven los diversos planes de ordenación territorial y sectorial «si luego aparece una mente brillante con un proyecto que choca con éstos. Ésa no es la forma de ordenar el territorio, saltándose la normativa de protección y de desarrollo sostenible de los espacios naturales», añadió.

Alonso recordó que la Diputación vizcaina fue la que, a comienzos de la década de los 80, diseñó un proyecto de macropuerto deportivo en Urdaibai que «provocó la reacción social que impulsó definitivamente la declaración de Urdaibai como Reserva de la Biosfera por parte de la Unesco. Ahora, como entonces, nos viene con otro proyecto estratégico: el Guggenheim 2».

Los ecologistas reivindican que los 100 millones de euros que los responsables forales dicen que se gastarían en ello vayan dirigidos a proyectos de regeneración industrial, social, ambiental y cultural que reivindica una mayoría social.