De nada sirvió un informe del secretario general del Consistorio advirtiendo de que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) referida al proyecto en los solares de Sefanitro no respetaba los estándares de vivienda o zonas verdes recogidos en la Ley autonómica de Suelo, para impedir que PSE, PNV y PP la aprobaran el pasado martes en Pleno. De tal contundencia era el documento que la propia portavoz del PP, Amaya Fernández, no perdió la ocasión para alertar acerca de la inseguridad jurídica del acuerdo que refrendaban.

Ayer, el edil de la izquierda abertzale Txiki Castaños incidió en que el PERI 06 Sefanitro «no respeta en absoluto la legislación». Por ello, anunció la voluntad de su grupo político de acudir a los tribunales si es preciso para evitar un «pelotazo urbanístico superior a los 800 millones de euros».

Las cifras, según Castaños, no engañan: en 1996, el ex ministro franquista Villar Mir compró los terrenos por 6 millones de euros y diez años después los vendió a Iurbenor por más de 240. La operación «Puerta Bilbao» se cuadra con otros 600 millones de euros de plusvalía con la venta de 2.000 viviendas -1.300 libres y 700 protegidas-, pabellones, locales y garajes. De ahí la necesidad de mantener los 92.000 metros cuadrados de usos comerciales, declarados ilegales por el TSJPV, para hacer viable económicamente el plan.

La izquierda independentista considera que la «defensa numantina« que hacen PSE, PNV y PP de la operación en los actuales parámetros coloca a los 600 adjudicatarios de los pisos de protección -que han pagado una entrada de 30.000 euros cada uno- en una situación difícil. «Al persistir en su actuación ilegal -explicó el edil-, provocan los pertinentes recursos judiciales que retrasan sine die la fecha de construcción de los pisos».

Al respecto, citó que aún quedan dos años hasta que el Supremo español resuelva el recurso del Ayuntamiento en relación a la sentencia del TSJPV de marzo de 2009, al que se sumará otro recurso suyo -en caso de que no se varíen los índices de edificabilidad previstos-, que alargará el plazo sustancialmente. Castaños subrayó que el alcalde y quienes le apoyan serán los responsables.

Pero no es el único quebradero de cabeza de los 600 cooperativistas, pues no está clara la postura que van a adoptar BBK y La Caixa, propietarias de la mayor parte de los solares tras la quiebra de Iurbenor y a quienes afecta la sentencia del TSJPV. Tras la resolución judicial, las entidades de ahorro anunciaron que iban a denunciar a Iurbenor por ocultarles la demanda judicial, que pone en peligro la viabilidad económica de la operación inmobiliaria.

Txiki Castaños advirtió que el concurso de BBK y La Caixa es primordial, ya que en el proyecto original «Puerta Bilbao» el coste de la urbanización rondaba los 50 millones de euros. Sin el concurso de los propietarios mayoritarios, los cooperativistas no podrían asumir la urbanización ni los bloques de viviendas de protección oficial.

Por esta razón, el corporativo de la izquierda abertzale instó a las dos entidades de ahorro a que se pronuncien claramente sobre cuándo piensan comenzar a impulsar el proyecto, antes o después de que el Tribunal Supremo español resuelva el recurso del Consistorio baracaldés, y qué hará si se presenta otra demanda por el acuerdo plenario del pasado 19 de enero.