El periódico «El País» adelantaba ayer, basándose en «fuentes judiciales», que la Fiscalía de Gasteiz tiene previsto presentar más de cien denuncias contra la Diputación de Araba en las próximas semanas respecto al trato que reciben los menores procedentes de otro paises y que residen en centros de acogida.

Según lo publicado ayer, el Ministerio Público optará por realizar dos tipos de procedimientos civiles para que el juez, en primer lugar, inste a la Diputación a asumir formalmente la tutela de los menores para los cuales no se está facilitando el certificado de tutela, ya que el ente foral «tiene dudas sobre su minoría de edad»; y, en segundo lugar, para que acojan a los menores rechazados en el centro de acogida Zabaltzen cuando la Policía Municipal les traslada al mismo.

En cuanto a las trabas que el ente foral está poniendo para expedir los certificados de tutela, indispensables para obtener el permiso de residencia, la Fiscalía considera que la ley no deja lugar a dudas.

En concreto, la normativa sólo permite realizar la prueba ósea para determinar la edad en casos en los que la persona carezca de documentación, no en los casos que existan «dudas». Cabe recordar que la diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, lleva tiempo respaldándose en los resultados que revelan las pruebas óseas, cuando se le pregunta por la razón de no expedir los certificados.

«Única esperanza»

Esta noticia cogió por sorpresa a los colectivos y sindicatos que trabajan en favor de que se respeten los derechos de estos menores. Consultada por GARA, Tania Cañas, integrante de Red Zuzen por la Igualdad de Derechos y de ESK, tildó la noticia como «la única esperanza» que en estos momentos pueden tener decenas de jóvenes que están inmersos en esta situación.

Sin embargo, «sabemos lo lenta que actúa la Justicia y, mientras tanto, son los menores los que están pagando las consecuencias. Ya son muchos los que se han marchado de Araba», lamentó Cañas. Por su parte, la Ley de Extranjería dice que transcurridos nueve meses de acogida se debe proporcionar el certificado necesario para obtener la residencia. Después de haber seguido una reinserción socio-cultural estos jóvenes «administrativamente están en la ilegalidad», recordó la integrante de Red Zuzen.

Por su lado, la Diputación «sólo tiene en cuenta el dinero que les cuesta» su manutención, denunció Tania Cañas. Pese a valorar positivamente la actuación de la Fiscalía, Cañas mostró preocupación «por que Diputación llegará hasta las últimas instancias y recurrirá» todas las veces que lo considere necesario.

Asimismo, Cañas recordó que varios colectivos y sindicatos interpusieron una denuncia a la Fiscalía y al Ararteko en relación a este tema el 22 de diciembre del año pasado. No obstante, hasta ahora «sólo sabíamos que Diputación no había entregado la información solicitada».

En cuanto al segundo procedimiento, «se trata de algo que viene de hace tiempo, cuando los menores que llegaban al centro de acogida Zabaltzen eran rechazados por Diputación», explicó Cañas. Además de los más de 30 procedimientos penales abiertos en su momento, la Fiscalía prevé decenas de demandas civiles para que el juez obligue al ente foral a llevarlos a un centro adecuado.

Esta previsto que este jueves la diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, comparezca ante las Juntas Generales de Araba.